(Foto AFP)

Nicaragua amaneció hoy en una tensa calma tras la violenta toma de la ciudad de Masaya por parte del Gobierno, cuyas “fuerzas combinadas” buscan a los manifestantes que huyeron de la arremetida oficialista, en el marco de la crisis que comenzó en abril y deja ya más de 350 muertos.

Los ciudadanos “autoconvocados”, que piden la salida del poder del presidente Daniel Ortega, denuncian que las “fuerzas combinadas”, fuertemente armadas e integradas por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos oficialistas, recorren las calles de las principales ciudades del país.

Manifestantes “autoconvocados” de los llamados “pueblos blancos” denunciaron que las fuerzas oficialistas realizan una búsqueda casa por casa, sin orden judicial, de los jóvenes que huyeron el martes de Masaya, que se había declarado “territorio libre del dictador” en junio pasado.

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Asimismo, integrantes del Movimiento 19 de Abril Masaya denunciaron que cientos de jóvenes desaparecieron durante el ataque gubernamental del martes y desconocen si están presos o muertos.

Las acciones del martes en la ciudad de Masaya dejaron al menos tres muertos: un policía, un menor de 15 años y una mujer que estaba en la acera de su casa, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

La tensión este miércoles aumenta porque el Gobierno anunció que celebrará en las calles durante toda la semana el aniversario 39 del derrocamiento del dictador Anastasio Somoza Debayle, conmemorado oficialmente el 19 de julio.

Algunos colegios privados suspendieron desde hoy hasta el próximo lunes sus clases a la espera de que hayan mínimas garantías de seguridad, mientras las escuelas públicas mantienen su curso lectivo.

Los “autoconvocados” han llamado a participar este miércoles en un plantón en Managua en protesta por el arresto y procesamiento judicial de dos líderes campesino, uno de ellos Medardo Mairena, representante de la Alianza Civil en el diálogo nacional con el Gobierno, instalado a mediados de mayo para buscar una solución pacífica a la crisis pero que está paralizado.

En esa mesa la Alianza Cívica, que integran estudiantes, empresarios, campesinos, académicos, entre otros, planteó el adelanto de las elecciones, lo que el Gobierno no aceptó y consideró un intento de “golpe de Estado”.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Ortega siendo presidente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”.

El Gobierno rechaza esas acusaciones y denuncia que “grupos terroristas siembra la guerra” e intentan llevar al país al despeñadero, como reiteró el lunes la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.

“Esa atrocidad no va a gobernar Nicaragua, el terrorismo no va a gobernar Nicaragua, los diabólicos no podrán nunca gobernar Nicaragua”, señaló Murillo en la víspera de la toma de Masaya el martes.

Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.




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