Guillermo Moreno. (Cortesía)

Un tribunal argentino condenó hoy a Guillermo Moreno, secretario de Comercio durante los Gobiernos kirchneristas, a dos años y medio de prisión, que quedó en suspenso, por usar fondos públicos para comprar objetos publicitarios contra el grupo multimedia Clarín, informaron fuentes judiciales.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de Buenos Aires fijó para el responsable de Comercio de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015), una pena de prisión no efectiva, así como inhabilitación “absoluta y perpetua”.

En el juicio por esta causa, que comenzó el pasado abril, se investigaba el uso de fondos, cuando Moreno todavía estaba en el cargo, para financiar material en el que se exhibían frases como: “‘Clarín Miente’ y ‘Clarín. Cadena Nacional del Desánimo, Ocultamiento, Desinformación, Miedo'” en banderas, llaveros, camisetas o gorros.

Este ‘cotillón’ contra el mayor grupo informativo del país, que estuvo fuertemente enfrentado a los gobiernos kirchneristas, fue exhibido por Moreno, según fuentes judiciales, en el Congreso de la Nación, en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos o en vuelos de comitivas oficiales.

“Es notorio que la finalidad aquí asignada a esos fondos de origen estatal -plasmados en una campaña pública de desprestigio contra una empresa privada, ejecutada en diferentes espacios institucionales- nada tuvo que ver con los objetivos para los que legítimamente podían ser utilizados”, consideró la Cámara Federal en el fallo que confirmó el procesamiento de Moreno, en abril de 2016.

Moreno, que también que también fue acusado de abuso de autoridad para “perjudicar” a empresas del Grupo Clarín, se desempeñó en el cargo entre 2005 y 2013 y fue uno de los funcionarios más polémicos de la etapa kirchnerista.

Una de los puntos clave del enfrentamiento entre el grupo multimedia y el Gobierno de Cristina Fernández fue a raíz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2009, que fue finalmente declarada constitucional por la Corte Suprema argentina en 2013 tras una batalla legal de cuatro años entre Clarín y el Ejecutivo.

La norma fijaba para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.

Si bien el Grupo Clarín fue el más afectado por la normativa, esta repercutió también en otros grupos de comunicación de Argentina o con intereses en el país.




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