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Consecuente con la política de apoyo al pueblo venezolano en la lucha por su libertad, el presidente norteamericano ha tomado la medida de prohibir cualquier transacción que implique las acciones de CITGO y lo cual ha venido renovando periódicamente. Sin duda que esta medida es producto de arduas gestiones que se han venido ejecutando de parte de nuestras autoridades legítimas encabezadas por Juan Guaidó, pero hay que advertir que se trata de una protección temporal que no es el remedio definitivo al problema y que es el tema que aquí seguidamente voy a desarrollar.
SALIDAS EN EL TERRENO LEGAL
Las medidas ejecutivas dictadas por el presidente Trump y que los venezolanos agradecemos profundamente, no son definitivas, son temporales, así se evidencia con el hecho de que se vienen renovando cada tres meses, eso podría cambiar ante eventos de naturaleza política (como un cambio de gobierno, por ejemplo), o por que en algún momento se produzca una sentencia judicial que anule esos obstáculos y permita que los acreedores ejecuten esas deudas.Es por eso que hace tiempo he venido planteando la necesidad de ir a fondo en búsqueda de una solución definitiva que solo la podremos obtener en los tribunales de Estados Unidos donde básicamente está concentrado el ataque de cobro. La estrategia legal que hace tiempo vengo recomendando se basa en tres líneas: 1) Demandar civilmente la nulidad de esos contratos, y motivos sobran. 2) Promover una acción penal para ir al fondo de los hechos delictivos sobre como se gestó, se concretó esa inmensa deuda, quienes adquirieron esos Bonos 2020, etc. 3) Intentar ante la Suprema Corte una acción instituida en el derecho procesal norteamericano denominado “Right of Certiorari” que es un recurso excepcional, una especie de amparo, en solicitud de pronunciamientos definitivos sobre el tema venezolano.
DEMANDAR CIVILMENTE
Esta primera alternativa ya lo hizo, un poco retardado, pero se hizo.La Junta Directiva de Cirgo que designó Guaidódemandó la nulidad de los bonos 2020. El 29 de octubre de 2019 formalizó una acción por ante la Corte del Distrito Sur de New York (Caso 1:19-cv-10023). He leido la demanda y me parece muy bien estructurada, no tengo objeciones.Eso está en curso y luego contaré los detalles.
IMPULSAR INVESTIGACIÓN PENAL
Mas contundente aún, y no se ha hecho, es atacar el problema en su verdadera naturaleza que es la delictiva. Toda esa deuda y su ofensiva por el cobro no es mas que un gran hecho delictivo, es un monstruoso hecho criminal por el cual se pretende el robo judicializado,cubierto de apariencia legal de miles de millones de dólares a una nación donde su gente está sometida a un infierno de penurias que se agrava todos los días. Son hechos que están a la vista y que no se entiende porqué no se ha trabajado en impulsar un proceso penal donde se obligue a los que pretenden beneficiarse de ello a dar la cara, a explicar como adquirieron esos bonos ilegalmente expedidos por obra y gracia de una dictadura feróz. Necesitamos saber quienes son esos acreedores, verles la cara, saber sus identidades, escudriñar la verdad de esa trama.
LA ACCIÓN DE RIGHT OF CERTIORARY
Esta no se ha hecho, inclusive nuestra contraparte Crystallex instó a que Venezuela presente cualquier petición de orden judicial certiorari ante la Corte Suprema. Este es un recurso nada fácil, y tiene sus complicaciones sobre lo cual en otro artículo me extenderé, pero hay que hacerlo.
JUECESDE EEUU NIEGAN SOLICITUD DE ALARGAMIENTO DE JUICIOS
Los jueces federales de EEUU han venido siendo menos tolerantes con los planteamientos en los casos contra PDVSA. Específicamente en las demandas que introdujo la firma Red Tree. La defensa a cargo del procurador José Ignacio Hernández esgrimiendo el argumento de que no había podido acceder a los archivos ni al personal de la empresa para preparar la defensa, solicitó y obtuvo en mayo del año pasado de la juez federal delDistrito sur de New York, Alison Nathan,una suspensión del juicio por 120 días. Esas concesiones la vinieron haciendo varios jueces en consideración a la problemática del país, pero ya comenzaron a cambiar de actitud.
EL TIEMPO CORRE EN CONTRA NUESTRA
Recientemente la misma juezAlison Nathan, dijo que no había más extensiones de plazos y rechazó los argumentospara alargar la suspensión. Esto sentenció: “aunque los demandados tienen un interés sustancial en garantizar el acceso a los hechos y al personal relevantes, ya se les ha otorgado una cantidad considerable de tiempo para hacerlo, y no está claro que cualquier cantidad adicional de tiempo les permitirá acceder a la información que buscan … Si bien la Corte es consciente de la agitación política y las crisis económicas y humanitarias concomitantes que Venezuela está experimentando actualmente,no sería apropiado ni justo para el demandante quedarse este caso indefinidamente hasta quese complete la transición (al gobierno de Guaido.”De la misma manera sentención la juez Amy Berman Jackson del Tribunal Federal del Distrito sur de Washington DC en noviembre en la demanda de Owens Illinois contra Venezuela.
LAS DEMANDAS QUE NOS ACOSAN EN EL CIADI
Dejo también para próximo artículo lo que viene ocurriendo respecto a los casos ante el Tribunal Munidial de Arbitraje CIADI donde cursan otras demandas y sentencias contra Venezuela, por ahora solo unos tips: -El procurador José Ignacio Hernández el 9 de diciembre pasado accedió a pedir la nulidad del fallo que nos condenó pagar a ConocoPhillips 8 mil 700 millones de dólares y él pidió una rebaja de 200 millones que le fue concedida. Hasta ahora el CIADI ni se ha dado por enterada de dicha solicitud de nulidad, aún no ha registrado ese procedimiento de anulación.
@carlosramirezl3
