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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este lunes “programas fuertes” de control migratorio, mientras enfrenta una doble ofensiva judicial y política, y el descontento popular, contra su orden de prohibir la entrada a inmigrantes de países musulmanes.

De visita el lunes en Florida (sureste) al comando militar encargado del Medio Oriente y la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (Centcom), el presidente republicano prometió vencer el “terrorismo islámico radical” y no permitir “que eche raíces en nuestro país”.

“Necesitamos programas fuertes para que las personas que nos aman y quieren amar a nuestro país (…) se les permita entrar, pero no a quienes quieren destruirnos”, señaló Trump.

En un decreto del 27 de enero, el mandatario prohibió por 90 días el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen -mayoritariamente musulmanes- y suspendió la llegada de refugiados.

La medida rápidamente provocó protestas en varias ciudades de Estados Unidos y el exterior, y sus críticos advierten que la prohibición podría perjudicar la cooperación antiterrorista, al promover la propaganda del Estado Islámico.

Pero el viernes un juez federal de Seattle, en el estado de Washington (noroeste), dejó en suspenso la implementación del decreto, una decisión mantenida el sábado por el tribunal federal de apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco (California) y que abre una batalla legal para el joven gobierno Trump.

La Casa Blanca tiene hasta las 23H00 GMT de este lunes para argumentar su respaldo de la medida ante el tribunal de San Francisco.

– “Noticias falsas” –

Además del bloqueo en las cortes, que para frustración del plan de Trump reabrió las puertas de Estados Unidos a los refugiados y los ciudadanos de los siete países, la orden presidencial se ganó también la oposición de las principales compañías tecnológicas.

Gigantes de Silicon Valley como Apple, Facebook, Google, Microsoft y Twitter -en total, casi un centenar de empresas- presentaron la noche del domingo un documento legal ante el tribunal de apelaciones en San Francisco en respaldo a la demanda en curso contra el decreto de Trump.

Las empresas tecnológicas, que contratan a miles de inmigrantes, denunciaron que la orden presidencial “inflige un daño significativo a los negocios estadounidenses, a la innovación y al crecimiento”.

Además, los fiscales generales del Distrito de Columbia (asiento de la capital Washington) y 15 estados, entre ellos California, sumaron su respaldo a la suspensión en el caso ante la corte de San Francisco.

Trump también parece enfrentar una opinión pública adversa: dos nuevos sondeos revelaron que una leve mayoría de los estadounidenses se opone a la prohibición migratoria.

Pero Trump desestimó de plano esas encuestas: “Todos los sondeos negativos son noticias falsas, tal como los sondeos electorales de CNN, ABC y NBC”, escribió en Twitter este lunes.

“Lo siento, la gente quiere seguridad fronteriza y chequeos rigurosos”, añadió el mandatario, que también promete construir un muro en la frontera con México.

Del lado político, un grupo de figuras del gobierno demócrata saliente, entre ellas el exsecretario de Estado John Kerry, y el exjefe de la CIA y ex secretario de Defensa, Leon Panetta, pidieron mantener la suspensión de un decreto “mal concebido, mal implementado y mal explicado”.

– Críticas republicanas –

Ante los obstáculos de la justicia a una de sus principales promesas electorales, Trump lanzó una feroz catarata de tuits contra el juez de Seattle, tachándolo de “dizque juez” y acusándolo de exponer al país a un “peligro”.

“He dado instrucciones a Seguridad Interior de que controle MUY CUIDADOSAMENTE a la gente que está entrando al país. ¡Los tribunales están dificultando el trabajo!”, escribió el domingo en Twitter.

El vicepresidente Mike Pence se unió a las críticas presidenciales denunciando la “frustrante” decisión del tribunal.

Pero el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, explicó que la justicia hacía su trabajo y se distanció del decreto, expresando el domingo temor a que su redacción deje la puerta abierta para implementar un “examen religioso” para los inmigrantes.

“Todos queremos tratar de mantener a los terroristas fuera de Estados Unidos. (…) Pero ciertamente no queremos que los aliados musulmanes que pelearon junto a nosotros no puedan viajar a Estados Unidos”, subrayó.

La opinión pública estadounidense también se opone al decreto: el 53% de los estadounidenses, según un sondeo de CNN, y 51%, según CBS, rechaza la prohibición migratoria.

La suspensión del decreto empujó a refugiados y nacionales de los siete países a viajar a Estados Unidos lo más pronto posible.

De hecho, las autoridades estadounidenses restablecieron unas 60.000 visas que habían sido revocadas, según el Departamento de Estado.

Pero la Casa Blanca muestra intenciones de continuar la lucha legal, y el asunto amenaza con arrastrarse hasta la Corte Suprema.




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