«El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condena la suspensión como abogada y notaria pública a la defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez por parte del régimen Ortega Murillo que utiliza al sistema judicial para continuar violentando los derechos humanos de las personas defensoras nicaragüenses», indicó ese organismo en una declaración.
Para esa ONG, integrada en su mayoría por activistas nicaragüenses en el exilio, «lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia carece de validez por cuanto es una decisión eminentemente política, sin la motivación ni fundamentos jurídicos que toda resolución exige».
«En consecuencia, nula es dicha corte porque desde hace años se apartó del derecho y del ordenamiento jurídico constitucional al someterse a las órdenes partidarias y a la voluntad represiva de la familia Ortega Murillo», argumentó.
Persecución sistemática
Es la primera vez que la Suprema Corte suspende de por vida a un abogado del ejercicio de sus funciones, desde que estalló la crisis sociopolítica de 2018 en Nicaragua.
Los magistrados declararon además «nulo» el título de abogado y notario público. También le ordenaron presentar, en el término de 24 horas, bajo apercibimiento de ley, si no lo hiciere, sus títulos y protocolos.
Martínez, quien desde abril de 2018 es conocida en Nicaragua como «la abogada de los presos políticos» por defender incluso de forma gratuita a opositores acusados de terrorismo y otros delitos, confirmó a EFE que fue suspendida de por vida y que la sentencia no admite apelación.
La abogada, que es beneficiaria de medidas cautelares extendidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue una de las voces que denunció la redada nocturna ocurrida el pasado 3 de mayo, en la que al menos 57 nicaragüenses, en su mayoría opositores y críticos con el Gobierno de Daniel Ortega, fueron detenidos y acusados por delitos considerados «traición a la patria».EFE