Juicio contra expresidente salvadoreño Funes por tregua de pandillas llega a etapa final
/ Foto: Cortesía (The San Diego Union Tribune)
El juicio que se lleva a cabo en El Salvador contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) entrará la próxima semana a la fase de alegatos finales tras la admisión de las pruebas, según informó este martes la Fiscalía General de la República (FGR).

«La FGR logra que juez admita la prueba pericial y documental que incrimina a los exfuncionarios en las negociaciones con las pandillas», indicó la fuente en sus redes sociales.

Añadió que las partes del proceso fueron convocadas para «iniciar con los alegatos finales» el próximo viernes.

El juicio contra Funes, que reside en Nicaragua, y su exministro de Seguridad y Defensa David Munguía Payés se inició a finales de marzo por los delitos supuestamente cometidos durante la tregua que pactaron las pandillas entre 2012 y 2014.

Los delitos atribuidos a Mauricio Funes, que es enjuiciado por una reforma que permite hacerlo sin que el imputado esté presente, son agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, mientras que Munguía Payés, además de esos dos cargos, es acusado también de actos arbitrarios.

Juicio en ausencia

Funes, que gobernó bajo la bandera de la exguerrilla de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se encuentra en Nicaragua y enfrenta el proceso penal en calidad de ausente, tras una reforma legal que permite que una persona sea juzgada aunque no esté presente.

Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un armisticio para reducir las cifras de homicidios respaldado por el Gobierno de Funes.

Funes negó, tras declarar en la Fiscalía en 2016, que su Gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios.

No obstante, en el juicio contra los llamados operadores de la tregua, el general retirado Munguía Payés, declaró como testigo y cambió la versión oficial al señalar que el armisticio fue una política de «pacificación».

En junio de 2019, una corte antimafia condenó a penas de entre dos y tres años de prisión a siete operadores de la polémica tregua entre las pandillas. EFE




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