El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) afirmó este miércoles que el juicio al que será llamado por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal tiene motivaciones políticas y carece de pruebas en su contra.
«Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganza políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia», dijo Uribe en una declaración leída en sus redes sociales.
La Fiscalía formuló el martes una acusación contra Uribe «como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal». Es un caso que comenzó en 2012 con una querella contra el senador de izquierdas Iván Cepeda y que, como un bumerán, se le devolvió en su contra.
Uribe negó que conozca o haya tenido contactos con varios delincuentes citados en el proceso, algunos de ellos presos. El abogado Diego Cadena supuestamente los contactó para que declararan en contra de Cepeda.
«Siempre pedí la verdad, nunca pedí a mentir ni callar», aseguró el expresidente y líder del partido de derechas Centro Democrático. Añadió: «Jamás he involucrado a personas a delinquir, menos a personas de la edad de mis hijos».
Uribe envuelto en un caso de 14 años
La demanda de Uribe contra Cepeda, senador que hoy hace parte de la coalición oficialista Pacto Histórico, pretendía demostrar una supuesta manipulación de testigos en una denuncia que éste preparaba hace 14 años en el Congreso contra el expresidente por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra Cepeda. En cambio, le inició un proceso a Uribe por manipulación de testigos por supuestos pagos y ofrecimientos a dos presos para que testificaran en contra del senador de izquierdas.
Por esa razón, Uribe cuestionó la actuación de la Corte Suprema, en particular de los magistrados José Luis Barceló, Luis Hernández y César Reyes. Dijo que tienen algún tipo de vínculo personal o laboral con sus enemigos políticos.
«Que diferencia de tratamiento; a mis acusadores les permiten de todo y a mí me acusan sin pruebas por soborno de testigos y engaño a la justicia», agregó.
Uribe renunció en agosto de 2020 al Senado para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria. Entonces la Fiscalía, liderada en la época por Francisco Barbosa, amigo del entonces presidente uribista Iván Duque (2018-2022), decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
La acusación contra Uribe para llevarlo a juicio se produce dos semanas después de que la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, asumiera el cargo. Su ascenso permitió destrabar el proceso, algo en lo cual Uribe también ve señales de animadversión en su contra.
«La nueva fiscal general de la nación ha trabajado muy cercana al ministro de Defensa (Iván Velásquez). Fue su segunda en la misión (de la ONU) en Guatemala, que yo critiqué. Para nadie es un secreto la animadversión del señor ministro contra mi familia y para conmigo», afirmó.
Denuncia de arreglos bajo la mesa
Para Uribe, en este caso ha quedado claro el origen político del proceso en su contra. Incluso lo vinculó con las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales, de los que ha sido un severo opositor.
«Esta manipulación en contra de mi persona da señales de hacer parte de la motivación para hacer parte de un acuerdo de paz total o para una ley de punto final. Entonces que le perdonen a los delincuentes como lo hicieron con las FARC y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido», manifestó.
El expresidente acusó además a magistrados del caso de privarle del derecho a defender su honra porque «si lo hago soborno a testigos y soborno a la justicia». Aseguró que todas las nuevas pruebas practicadas después de que la anterior Fiscalía pidiera en dos ocasiones el cierre de su caso lo favorecen, «sin embargo las desestimaron».
«Me abren las puertas de la cárcel sin pruebas, con las pruebas al contrario, por suposiciones, ánimos políticos y la necesidad de igualar a quien no ha delinquido con quien lo ha hecho», concluyó.
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