Estudiantes normalistas mexicanos incendiaron este miércoles un vehículo y vandalizaron el exterior del Campo Militar 35-C, ubicado en la ciudad de Iguala, estado mexicano de Guerrero, por ser la principal sede militar señalada en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace ocho años.
Las protestas por el octavo aniversario se trasladaron este tercer día a la ciudad en donde desaparecieron los 43 normalistas y fueron asesinados tres de ellos, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La protesta fue encabezada por los padres de familia quienes llevaron a cabo el mitin afuera de las instalaciones que albergan el 27 batallón, en donde reprocharon que hayan infiltrado la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Recriminaron que, de acuerdo con el último informe del Gobierno federal, hayan permitido que uno de sus integrantes desapareciera con el grupo de normalistas sin haber hecho algo al respecto.
Mientras el mitin se llevó a cabo los estudiantes aglutinados en la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (Fecsm) retiraron las barricadas que los militares colocan al exterior para impedir el paso.
Otro grupo llevó a cabo pintas en la fachada; también colocaron colchones que incendiaron y destruyeron parte de las cámaras de vigilancia colocadas afuera de los portones.
Al finalizar el mitin los jóvenes, algunos con el rostro cubierto, lograron llevar un camión de una empresa repartidora de productos refrigerados que impactaron contra el portón hasta abrirlo.
Órdenes de aprehensión
Entre las exigencias de los manifestantes estaba el cumplimiento de las órdenes de aprehensión contra mandos y personal militar presuntamente implicados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
La protesta se da el mismo día que un juez absolvió al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La polémica sobre la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero, se ha reavivado tras el informe que presentó el 18 de agosto la Comisión para la Verdad, que concluye que fue un «crimen de Estado» y que no hay indicios de que estén vivos.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió resolver el crimen y que no habrá impunidad, pero los familiares aún exigen presentarlos con vida y activistas acusan a las autoridades de encubrir la participación del Ejército.
El Gobierno de López Obrador rechazó la «verdad histórica», la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en Guerrero.
La Administración de López Obrador desmintió esa versión, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar. EFE
