Julio Borges cree que informe de ONU agilizará el proceso en la CPI
CPI / Foto: Archivo
El Gobierno de Venezuela presentó una serie de «evidencias» ante la Corte Penal Internacional (CPI), como parte de un nuevo informe que pretende «demostrar» el impacto de las sanciones económicas de Estados Unidos contra el país caribeño, informó este martes la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

«El día de ayer, Venezuela entregó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un informe contentivo de evidencias sobre el daño que han causado las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano», indicó Rodríguez en una comparecencia de prensa.

Acompañada del nuevo canciller, Félix Plasencia, y el agente del Estado para los derechos humanos, Larry Devoe, la vicepresidenta mencionó una serie de casos por los que empresas del Gobierno han tenido dificultades para comprar materiales, vacunas o alimentos.

«Hemos consignado información sobre cómo impactó (las sanciones) la industria productora de medicinas en Venezuela. Más de la mitad de trasnacionales productoras de medicamentos en el país se fueron (…), 15 filiales de empresas farmacéuticas en el año 2016», indicó Rodríguez al exponer uno de los casos.

Asimismo, expuso otro ejemplo en el que dijo que la empresa del Estado Hidrocapital se vio imposibilitada de adquirir equipos de bombas de agua para las plantas hidrológicas.

La vicepresidenta reiteró que las sanciones económicas impuestas contra su país han perjudicado a todos los sectores de la economía y señaló que al Gobierno de Estados Unidos no le importa el impacto en la población venezolana.

«Con este informe estamos mostrando el efecto y el daño causado. En materia jurídica se puede decir que hemos completado el ciclo para demostrar que hay causas razonables en esta remisión que se ha hecho a la Corte Penal Internacional para afirmar que se ha cometido un delito de lesa humanidad contra el pueblo venezolano», apuntó.

Según dijo, en Venezuela hay 192 personas y 150 empresas sancionadas.

Aseguró que de las 150 empresas, solo 10 son del Estado y el resto del sector privado.

«El sector privado también se vio afectado. De ellos, también tenemos sanciones de estas empresas en 26 países del mundo; una cosa bárbara, 69 embarcaciones sancionadas, 30 buques petroleros sancionados, 58 aeronaves sancionadas», agregó.

De acuerdo con sus datos, «Venezuela, en un corto período de tiempo, se ubica en el quinto lugar de mayor número de medidas unilaterales en comparación con otros países, una treintena de países sancionados ilícitamente en el mundo».

Estados Unidos comenzó sus sanciones a personas y sus bienes privados en 2014 y fue en 2017 cuando empezaron las sanciones a empresas del Estado, años después de que Venezuela comenzara su decadencia.

El Gobierno de Venezuela denunció en febrero del año pasado a Estados Unidos ante la CPI por las sanciones contra su economía y reclamó a la fiscal de entonces, Fatou Bensouda, que abriera una investigación contra Washington por «crímenes de lesa humanidad».

El Gobierno venezolano, que a su vez está siendo evaluado por la CPI por denuncias de crímenes de lesa humanidad, ha presentado otros informes para sumar a denuncia contra Estados Unidos.




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