Infografía de espaciopublico.ong/venezuela.
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Las prácticas intimidatorias, la violencia institucional y física que criminalizan la búsqueda y difusión de información en Venezuela, motivadas por un discurso oficial hostil hacia la prensa, se agravaron en 2016, paralelo a un escalamiento de crisis política y económica que alcanzó niveles inéditos en el país. Durante ese año se registró al menos una violación a la libertad de expresión cada día.

Se tartó del segundo año con mayor cantidad de esos casos en tres lustros

El 2016 figuró como el segundo año con mayor cantidad de esos casos en 15 años, reveló el informe anual de la organización no gubernamental Espacio Público. Desde hace dos años se alcanzan niveles no vistos desde 2010, sin considerar el 2014, año especialmente conflictivo en términos sociopolíticos. Los períodos con mayor incidencia en violaciones a la libertad de expresión son, 2014, 2016 y 2009. Suman el 32% del registro total.

Entre enero y diciembre de 2016 ocurrieron 366 violaciones a la libertad de expresión, lo que representa un incremento del 28% con respecto al mismo período de 2015, que sumó 286.

La agudización de la tensión política, con la suspensión de elecciones en octubre compromete más la garantía del derecho a la libre expresión, observó la ONG en el estudio publicado en su portal. “La polarización exacerba los límites institucionales, alimenta una mayor incidencia de escenarios violentos y deja en estado de indefensión a los ciudadanos. De allí que octubre se ubicó como el mes con mayor cantidad de casos al registrar 43 violaciones a la libertad de expresión”.

El 44% (119) de las violaciones a la libre expresión se detectó en el contexto de manifestaciones públicas, por la exigencia del referendo revocatorio. Esto representa un total de 88 casos que indican un aumento del 252% en relación al contexto de protestas del año anterior (25).

El impedimento de cobertura producto de la represión ejercida sobre las protestas por comida a inicios de junio en el centro de Caracas, elevó la incidencia de violaciones en el primer semestre del año. La demanda por venta regular de productos y el derecho a la alimentación se ubicó ente los principales motivos de protesta, después de las demandas laborales. Entre enero y octubre de 2016 se registraron 2999 manifestaciones, un aumento de 21%  con respecto al mismo período del año pasado.

La Constitución Nacional contempla solo una prórroga del decreto de estado de emergencia por el mismo período inicial (60 días), pero el Ejecutivo lo extendió en cinco ocasiones consecutivas y le sumó la declaratoria de Estado de Excepción. Estas medidas precarizan las garantías para el ejercicio de la protesta pacífica como mecanismo legitimo de denuncia. En octubre, la represión superó en 46% el total de protestas reprimidas en el mismo período de 2015.

Prensa en la mira

La arremetida de diversas instancias del Estado contra cualquier expresión de descontento se extiende a todos los sectores y, particularmente se focaliza en periodistas y reporteros gráficos a fin de impedir la cobertura de los hechos, ocultar la realidad e impedir las críticas.

El desalojo de reporteros de las zonas de protesta y la exigencia ilegítima de permisos para la cobertura de hechos públicos escala algunas veces en violencia a fin de impedir el registro tanto de la demanda ciudadana como de la represión por parte de los cuerpos de seguridad. De allí que la intimidación esté en el primer lugar con 123 casos. La agresión, por su parte se ubica en el tercer lugar de ocurrencia con 54 violaciones.

Informe completo




Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.





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