(Foto AFP)

El vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, advirtió este sábado que la independencia ha de ser la referencia de todo diálogo con el ejecutivo español o de una eventual mediación internacional.

El gobierno separatista catalán insiste en pedir una mediación, después de que el presidente regional, Carles Puigdemont, declarara el martes la independencia de manera unilateral y la suspendiera de inmediato como “gesto” de buena voluntad para abrir un diálogo con Madrid.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se niega sin embargo a cualquier mediación, y ha dado de plazo hasta el lunes para que Puigdemont aclare si declaró o no la independencia.

Si responde sí, tendrá hasta el jueves para rectificar, y si no lo hace, el gobierno español está dispuesto a intervenir la amplia autonomía de que goza Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes.

“La mejor manera de hacer la independencia es a través del diálogo”, insistió Junqueras en un acto de su partido, Esquerra Republicana de Catalunya, en su sede central en Barcelona.

No obstante, puntualizó, “es evidente que para que el diálogo tenga alguna expectativa de fructificar (…) necesita tener como referencia la construcción de la República y nuestro compromiso con la independencia”.

En ese sentido, manifestó el apoyo de su partido al presidente Puigdemont, para que cumpla “el mandato del 1 de octubre, que es el mandato de constituir la República Catalana”.

Junqueras se refería al referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, prohibido por la justicia española, que el gobierno catalán da por válido y en el que según anunció hubo un 90% de síes a la secesión, con una participación del 43%.

El dirigente de la formación independentista insistió en ese sentido en mantener “un compromiso inequívoco y absoluto con cumplir el mandato democrático del 1 de octubre”. Dicha posición, subrayó, es “la única posibilidad de que el diálogo fructifique”.

En las últimas horas, distintos sectores soberanistas han instado a Puigdemont a mantener su compromiso con la secesión, a pesar de las múltiples presiones recibidas por la justicia española, que está investigando a su gobierno por un presunto delito de “desobediencia”, entre otros, y también del empresariado catalán, que sacó de Cataluña la sede social de importantes sociedades.

Entre esas presiones está la de la CUP, un partido de extrema izquierda cuyo apoyo parlamentario es indispensable para la coalición de gobierno catalana, formada por el conservador Partido Demócrata Catalán (PDeCat) y Esquerra Republicana.

Igualmente está presionando la Asamblea Nacional Catalana, una asociación con una fuerte capacidad de movilización callejera.




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