Nadie imagina que puede vivir el horror que en algún momento significa ser detenido, torturado y amenazado por funcionarios que se supone están obligados a cumplir la ley y a garantizar el estado de derecho de todos los ciudadanos y que por el contrario se convierten en victimarios. Eso lo vivió el abogado y capitán retirado Juan Carlos Guillén Rosales, quien decidió querellarse contra las personas a quien responsabiliza de su detención arbitraria y sus torturas, incluyendo a quien comandó las acciones, el funcionario de la DGCIM Juan Bautista García Arocha alias El Gavilán. Es una acción inédita de una de las cientos de víctimas de tortura en Venezuela, reseña Infobae.com.
La juez de control del circuito penal de Apure, Carolina Ojeda, notificó al comisario de la DGCIM Apure que admitió la querella que Guillén presentó, en el asunto penal 1C-23-414-22 contra los funcionarios: comisario Juan Bautista García y los agentes Edgar Almaudoz, José Salomón Barco Contreras, José Lorenzo Silva González, Yarumi Figueroa y José Flores Pérez, “por los delitos de privación ilegítima de libertad, tortura, trato cruel, tratos inhumanos y degradante y robo”.
En el documento, que Guillén Rosales hizo manuscrito, destaca que se encuentra privado preventivamente de libertad en las instalaciones de la GNB, por orden del Tribunal Primero de Control del Circuito Penal de Apure, por delitos de corrupción propia agravada, abuso de poder del juez y agavillamiento.
“Acudo ante su competente autoridad a fin de interponer querella, según lo establecido en el artículo 274 y subsiguientes del Código Orgánico Procesal Penal, como víctima de detención arbitraria, tortura y trato cruel y simulación de aprehensión por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de los estados Apure y Guárico”.
Además de los funcionarios ya mencionados de la DGCIM, el abogado Guillén señala a los agentes I y/o II con credenciales, 0773, 6581 y 1493 como responsables de los hechos atroces en su contra, cometidos “a partir del 12 de enero 2022 hasta la actualidad, ya que esos funcionarios ejercían tortura psicológica durante cada traslado a los tribunales”.
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