Según expertos, la detención del exalcalde de El Tigre, Ernesto Paraqueima, por presuntos delitos de odio y discriminación, tras emitir comentarios peyorativos dirigidos en contra de niños autistas es «preocupante y desproporcionada».
Alertaron que a pesar de que las críticas son reprochables, el arresto exprés establece un precedente en el derecho penal y político de la nación.
Paraqueima, fue arrestado por funcionarios del Servicio de Inteligencia Bolivariana Nacional (Sebin), de acuerdo con el fiscal general, Tarek William Saab. Luego de que en las redes sociales se viralizó un audio en el que el sociólogo llamó «horrible» y se preguntó si el mural creado para sensibilizar a la población había sido pintado «con las patas» por niños con síndrome de Asperger.
El fiscal señaló que Paraqueima incurrió en “promoción e incitación” al odio y violó leyes para la protección de niños, niñas y adolescentes y contra la discriminación a niños con trastornos del espectro autista. Mientras que la Asamblea Nacional, aprobó por unanimidad un acuerdo de repudio a las palabras “infames, despectivas, discriminatorias y destructivas” del ex alcalde.
Sanción desproporcionada
El abogado y profesor investigador del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Carlos Lusverti, aseguró que el proceso contra Paraqueima “es claramente preocupante”. Debido a que el fiscal Saab suele “prejuzgar sobre la culpabilidad o no de una persona” a través de sus conferencias de prensa y sus redes sociales.
Manifestó que aunque las expresiones “horribles” se difundieron en redes sociales, Paraqueima aún tiene derecho a la presunción de inocencia: “No es un proceso ajustado al derecho. Es contrario a la legislación procesal penal venezolana, porque el Ministerio Público no es un acusador a ultranza, sino que debe investigar independientemente para ver su culpabilidad o exoneración”.
El jurista dijo que se le acusa por una ley “claramente inconstitucional, diseñada para reprimir a la disidencia”, aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente que la oposición y parte de la comunidad internacional tachan de ilegítima desde su convocatoria por parte del presidente Nicolás Maduro en 2017.
Lusverti notó “la desproporcionalidad” de las sanciones previstas en la ley para un acto como el de Paraqueima. Asimismo, opinó que un correctivo adecuado a la responsabilidad que involucra la libre expresión pasa por el derecho a rectificación o una multa que no sea tan onerosa como para restringir ese derecho a manifestarse.
El defensor de los derechos humanos, apuntó a que un llamado de atención del Consejo Legislativo local o un acuerdo de reproche por parte de la Asamblea Nacional también eran suficiente castigo para el alcalde: “Las penas son desproporcionadas para el ejercicio de la libre expresión. No es admisible que sea castigado bajo la lógica de llegar a decir que un comentario puntual debe ser penado con pena corporal, es decir, con cárcel”, precisó.
Institucionalidad frágil
Las opiniones de Parequeima sobre el mural pintado con inspiración de niños con síndrome de Asperger “rayan en lo vergonzoso e indigno de una persona electa popularmente”, indicó el politólogo venezolano José Vicente Carrasquero, sin embargo, señaló que la institucionalidad del Estado no operó de la forma en que debía.
Primero debió haber actuado el Defensor del Pueblo, un funcionario del poder moral, propuesto por la Constitución para esos casos, indicó.
«No la veo ajustado a derecho, esa Asamblea no tiene el poder de ejercer funcionarios judiciales. Se pone en evidencia la fragilidad de la institucionalidad venezolana”, señaló.
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