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Luis Alejandro Borrero | @LABC7

Puede que lo cuantitativo no sea escandaloso. 10% aumentó el registro de casos de violaciones a la libertad de expresión que hace Espacio Público, la Organización No Gubernamental (ONG) de monitoreo y defensa de ese derecho humano fundamental. “Lo que uno puede valorar, que ha pasado en 2016, es el deterioro agresivo de los espacios de la libertad”, advierte Carlos Correa, su director.

Hace semanas fue tendencia en Venezuela la reaparición de la difteria, una enfermedad controlada. El diario regional Correo del Caroní hizo una notable cobertura desde el epicentro del brote, en el estado Bolívar, al sur del país. Allí no se contó con la información oficial, destaca Correa. “El cierre de la información oficial es cada vez mayor”. Los periodistas libres y sin agenda política secuestrada lo tienen cada vez más complicado, continúa.

El gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, desmintió el brote a priori. Luego él mismo lo confirmó a través de su cuenta en Twitter. En el interín, denunció una campaña mediática y se atacó a periodistas con discursos agraviantes porque solamente estaban haciendo su trabajo.

Pero también a la fuente. Los médicos que funcionaron como eje de la denuncia sobre el caso de la difteria fueron atacados. Correa observa con preocupación cómo se decide, desde el Ejecutivo, atacar a las fuentes periodísticas que revelan información que ha sido ocultada por el Gobierno. “La violencia ya no es solo en las calles —que sigue—, ni la descalificación, sino que se está apresando y persiguiendo gente por expresarse”.

El aumento cualitativo de la degradación venezolana en términos de libertad de expresión es alarmante, explica el periodista. “Este año es más grave por la naturaleza de las violaciones. Tenemos el cierre de un periódico (El Carabobeño), el acceso a la información, y hay poca transparencia en la rendición de cuentas: allí tenemos el presupuesto 2017, del cual no hubo debate”.  

Solo Venezuela, Bolivia y Cuba en Latinoamérica tienen la mancha negra de no contar con una Ley de Acceso a la Información o “ley pecera”. Actualmente se está discutiendo un proyecto en la Asamblea Nacional, lo que Correa califica como positivo. “Todo eso es ganancia, porque aumenta la conciencia del derecho”. Contar con ese tipo de instrumentos legales es consustancial con la participación democrática, opina.

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