No hay nada claro. Las casas de cambio en la frontera con Colombia siguen cerradas pese al anuncio de su reapertura. Y aunque en la teoría es una medida que dinamizará la economía en el lugar, la acostumbrada opacidad en las acciones que emprende el Gobierno ha generado dudas respecto a la manera como funcionarán esas oficinas.
En San Antonio y Ureña hasta hace más de un año y medio operaban 17 agencias cambiarias de pesos y bolívares sin problemas. Por órdenes del Ejecutivo se cerraron como parte de las directrices dadas en el Decreto de Emergencia Económica. Los resultados fueron devastadores: “Se perdieron empleos, empresarios de tradición quebraron, fueron perseguidos políticos y la población comenzó a vivir con hambre y pobreza”, relató el presidente de Fedecámaras Táchira, Daniel Aguilar.
La medida puede generar beneficios para todos o incrementar la corrupción
Por eso el anuncio es recibido como positivo. Pero hay ciertas reservas. “Si se hace para fomentar empleo y bienestar y que los dividendos que se produzcan beneficien a los empresarios y a la frontera, redundará en beneficio de todos, pero si se implementa la medida improvisadamente para entregar el dinero a discreción, sin una política seria o responsable, solo se creará más corrupción”.
La promesa del presidente Maduro involucró las palabras “muy pronto”, también mencionó que la reapertura se haría esta semana, y no fue así. Aguilar pidió responsabilidad al momento de tomar decisiones para evitar conflictos sociales. “Pero el Gobierno ha demostrado ser escaso en consolidar hechos”.
La más reciente vocería respecto al tema estuvo a cargo del gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, quien no es el más indicado. Las directrices deben ser dadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) y el Banco Central de Venezuela (BCV). “Además anunció que serían abiertas sólo siete de las 17 oficinas con las que se contaban”.
Pero con las casas de cambio operativas no será suficiente. Se requiere la creación de una zona estratégica económica fronteriza para el comercio de mercadería, de insumos que atraiga inversión, genere empleo y productividad en las zonas industriales de Ureña y San Antonio, el central azucarero y el aeropuerto; la apertura total de los puentes internacionales para el paso legal de mercancía y personas, ya que eso oxigenaría e impulsaría la reactivación del aparato productor manufacturero de la frontera, el Táchira y el país.
