Poco a poco y sin ninguna restricción el Tribunal Supremo de Justicia le arrebata las facultades a la Asamblea Nacional para legislar y decidir asuntos importantes. El traslado de los restos del guerrillero Fabricio Ojeda al Panteón Nacional muestra el atropello del Poder Judicial ante el Legislativo y la Constitución.
Cada decisión es tomada en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La sanción a leyes, a diputados y al parlamento, todo proviene de este órgano tomado por el gobierno.
Distintos abogados de la república resaltan la ilegalidad de esta decisión por lo que se resguardan en el artículo 187 de la Carta Magna que dice “Es facultad de la Asamblea Nacional “acordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos y venezolanas ilustres que hayan prestado servicios eminentes a la República, después de transcurridos veinticinco años de su fallecimiento. Esta decisión podrá tomarse por recomendación del Presidente o Presidenta de la República, de las dos terceras partes de los Gobernadores o Gobernadoras de Estado o de los rectores o rectoras de las Universidades Nacionales en pleno”.
El desacato que aún mantiene el parlamento es una razón más para quitarle los poderes de decisión y brindárselos al presidente en cuestión.
La sentencia concluye que “En consecuencia se declara que los honores del Panteón Nacional pueden ser otorgados por el Presidente de la República sin ser acordados por la Asamblea Nacional”, refiere la sentencia.
