Este viernes 4 de noviembre se realizará un tuitazo nacional para exigir la liberación de cinco policías metropolitanos, detenidos desde hace casi 14 años, injustamente acusados por los sucesos del 11 de Abril de 2002.
Marcos Hurtado, Arube Pérez, Héctor Rovaín, Luis Enrique Molina y Erasmo Bolívar llevan su calvario en las celdas del Centro Nacional de Procesados Militares Ramo Verde, en Los Teques. Ellos son los primeros presos políticos de la revolución, las víctimas de la primera orden impartida por el fallecido Hugo Chávez a los tribunales del país: declararlos culpables.
La injusta condena que enfrentan los exfuncionarios, con penas que van desde 17 hasta 30 años de prisión, se decidió en una oficina y se notificó por teléfono. Así lo reconoció el exmagistrado Eladio Aponte Aponte. “Pido perdón, sólo cumplí órdenes del presidente Chávez”, reconoció luego de huir de Venezuela.
Marcos Hurtado no estaba destacado en las cercanías de Puente Llaguno, donde murieron Erasmo Sánchez y Rudy Urbano Duque. Su sitio de operaciones era El Calvario, junto a otros 30 funcionarios. Las dos armas que portaba nunca fueron disparadas. Enfrenta una condena de 17 años y 6 meses.
A Arube Pérez se le condenó a 17 años y 9 meses por imágenes en las que se ve sobre una ballena de la PM. Las experticias demostraron que cuando él estaba sobre el vehículo, ya las dos personas habían muerto. Las balas de su armamento no coincidieron con las encontradas en los cuerpos. Al igual que Pérez, a Luis Enrique Molina lo sentencian por una fotografía de la licorería Baralca a un costado de la avenida Baralt y contenida en el video «Claves de una masacre”. Su arma tampoco fue disparada, pero recibió una condena a 30 años de prisión.
También por el vídeo condenaron a Héctor Rovaín a 30 años de prisión. Él salió de la avenida Baralt cerca de las 4 de la tarde, media hora antes de la muerte de Erasmo Sánchez y Rudy Urbano. Su arma era un revolver calibre 38, descartado por las experticias como vinculado a la muerte de ambos hombres.
El 11 de abril de 2002, por sus conocimientos como paramédico, Erasmo Bolívar estaba de servicio en una ambulancia de la PM, donde ayudaba y trasladaba a una gran cantidad de heridos. Tomar una sub-ametralladora calibre 9.mm que estaba dentro del vehículo, donde también utilizaba guantes para protección e higiene propia y de los heridos, fue su equivocación. Nuevamente una fotografía lo condenó. Aparecía con el arma de reglamento en sus manos, con la punta hacia arriba y del lado contrario de la avenida Baralt, cuando lo fotografiaron. El arma nunca fue disparada
En todos los casos, las experticias y testigos demostraron la inocencia, pero la orden era encontrar culpables. El propio director de Investigaciones del Cicpc, Marcos Chávez, declaró en juicio oral y público lo siguiente: «Las armas aquí presentadas, pertenecientes a los funcionarios, no tienen nada que ver con los hechos del 11 de abril de la avenida Baralt”.
Tres comisarios obtuvieron el beneficio de casa por cárcel: Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas. Ellos también necesitan ser libres.
Por ley, los cinco policías metropolitanos, aún recluidos en Ramo Verde, son sujetos de medidas alternativas al cumplimiento de la pena, a las que tienen derecho desde noviembre de 2007.
La injusticia ha sido la principal característica de estas historias. Para contrarrestarla, los familiares de los policías metropolitanos realizarán este viernes un tuitazo nacional, para llamar la atención sobre estos casos y exigir su pronta liberación. Participa con el #LibertadPolicíasMetropolitanos.
