El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, llama a la participación y a no desertar del referendum. (EFE)
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La futura Ley del Referéndum de Autodeterminación, presentada hoy los secesionistas de la región española de Cataluña, apelan a sentencias del Tribunal de La Haya y de la Corte Suprema de Canadá para justificar un “régimen jurídico excepcional” que ampare esa consulta para separarse de España.

Los independentistas que gobiernan esa región de 7,5 millones de habitantes quieren celebrar el 1° de octubre ese referéndum, que la Justicia española considera inconstitucional y que el Gobierno de Madrid está dispuesto a impedir.

Los dos grupos separatistas, Junts pel Si y la CUP, presentaron hoy el proyecto de ley que probablemente será aprobado por el Parlamento de la región a finales de agosto para intentar dar cobertura a esa hipotética consulta de autodeterminación.

Aparte del gobernante PP, los socialistas del PSOE y los liberales de Ciudadanos rechazan los planes secesionistas y los consideran ilegales, mientras que el tercer partido español, Unidos Podemos (izquierda), defiende un referéndum consensuado con el Estado -no unilateral- y la permanencia de Cataluña en España.

Los portavoces parlamentarios de los secesionistas explicaron hoy detalles del proyecto y aseguraron que se prevé la posibilidad de declarar la independencia de Cataluña antes de 48 horas si ganase el “sí” en el supuesto referéndum del 1 de octubre, mientras que si ganase el “no” el Ejecutivo de la región convocaría elecciones autonómicas.

La base legal sobre la que pretende asentarse la nueva ley se refleja en la afirmación de que el pueblo de Cataluña es un “sujeto político soberano” y, como tal, “ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política”.

Estos son argumentos rechazados por el Gobierno español, que subraya que, tal como dice la Constitución, la soberanía nacional reside en el pueblo español y que la misma Carta Magna impide la convocatoria de consultas de autodeterminación de territorios.

En 2014 los nacionalistas catalanes ya impulsaron un proceso similar que fue anulado por el Tribunal Constitucional aunque finalmente el 9 de noviembre hubo una votación informal sin valor legal en la que participaron algo más de dos millones de personas.

Aunque ha dado pocas pistas de su futuro proceder, el Gobierno de Mariano Rajoy no parece dispuesto siquiera a que se repita esa fórmula.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, garantizó hoy el apoyo al Gobierno en la defensa de la legalidad y de la Constitución frente al proceso independentista en Cataluña, aunque pidió a Rajoy que dé un “paso” hacia una solución política del contencioso.

Los secesionistas han encontrado hasta ahora algunos obstáculos, como que el proceso para la adquisición de urnas para el eventual referéndum quedara desierto o las iniciativas de la Justicia española contra algunos responsables políticos, que podrían derivar en su inhabilitación.

El presidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont, cesó este lunes a uno de los miembros de su Gobierno, el consejero de Empresas, Jordi Baiget, después de dar una entrevista en la que dudó de que tenga lugar finalmente la consulta del 1° de octubre y alertó sobre la fortaleza del Estado en sus medidas contrarias al referéndum. 

 




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