(Foto AFP)

El fiscal Emiliano Arias, que centraliza las investigaciones por encubrimiento de religiosos que abusaron sexualmente de menores, tiene en la mira a varios obispos, después de imputar al cardenal y arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati.

Otros obispos cuyas “actuaciones están siendo analizadas, podrían también ser citados como imputados”, adelanta en una entrevista con la AFP en su oficina de la Fiscalía de Rancagua (80 kms al sur de Santiago), donde el próximo martes tomará declaración al cardenal Ezzati -jefe de la Iglesia católica chilena-, en calidad de imputado por encubrimiento de los abusos que la han sumido en la peor crisis de su historia.

En esa diligencia, el fiscal tendrá que determinar si Ezzati “cumplió o incumplió sus obligaciones” de proteger a las víctimas y hacer cumplir la normativa eclesiástica.

Sin embargo, a diferencia de los sacerdotes pederastas, ve poco probable que vaya a la cárcel, ya que la “prisión preventiva es la medida más gravosa del ordenamiento procesal antes de la condena” y se rige por el principio de la “proporcionalidad”. La “pena del encubridor es inferior en dos grados a (la del) delito cometido por el autor”, precisa.

La mayor parte de los documentos que le permitieron citar como imputado al cardenal fueron recabados en un allanamiento al Arzobispado de Santiago tras la negativa de la Iglesia a entregar a la justicia la documentación de las diligencias canónicas solicitadas, amparándose a menudo en el respeto a las víctimas.

“La Iglesia, lo que tenía que hacer es denunciar de inmediato. Su interés es que esto pare”, espeta antes de señalar que el hecho de “no tener obligación de denunciar no significa que les esté prohibido” hacerlo.

Hasta ahora, cinco obispos han renunciado a sus cargos y el sacerdote Oscar Muñoz –exmano derecha de Ezzati- está en prisión preventiva por el abuso de al menos siete menores.

La Fiscalía, en tanto, mantiene abierta 38 investigaciones por abuso sexual al interior de la Iglesia católica, de las que el fiscal Arias lleva 19.

– Juicios en seis a ocho meses –
Los primeros juicios de casos concretos de sacerdotes abusadores tendrán lugar en “un plazo de seis a ocho meses”, estima el fiscal, que cree sin embargo que el de los encubridores demorará más tiempo, consciente de que será “dificilísmo” demostrar el delito.

El hecho de que una persona “esté citada como encubridor no significa que esté condenada”, advierte, antes de agregar otra dificultad: en Chile “no hay jurisprudencia o antecedentes que hablen de responsabilidad penal” en este tipo de delito.

No obstante, se ampara en una carta que el papa Francisco envió a los obispos chilenos en la que denuncia una “cultura del encubrimiento, del abuso sexual, de delitos” para sentar a la jerarquía en el banquillo.

En cuanto a la destrucción de pruebas que ha denunciado, espera que le “sirva más (de lo) que le perjudica” para demostrar la culpabilidad de los jerarcas, “en la medida que las víctimas vengan” a la Fiscalía y denuncien ante la justicia ordinaria.

Desde 1960, al menos, 158 obispos, sacerdotes y otros religiosos han sido o están siendo investigados por abusos sexuales en Chile, según el Ministerio Público que tiene constancia de 266 víctimas, 178 de ellas menores y adolescentes.

Pero este número de víctimas, “difícil de cuantificar”, aumenta porque cada vez hay más personas que “se van acercando” a la Fiscalía para denunciar. El fiscal asegura que la mitad de los casos ya han prescrito, aunque investigarlos le ayudará “a precisar la conducta desplegada en el pasado” por la jerarquía eclesiástica para su investigación sobre encubrimiento.

– ¿Otro Pensilvania en Chile? –
Arias no cree que el caso chileno sea similar al de Pensilvania (EEUU), donde una investigación identificó a más de 300 curas que abusaron sexualmente de más de 1.000 víctimas durante décadas, fueron encubiertos por las autoridades eclesiásticas”.

Esperemos que sea distinto porque acá las autoridades encargadas de la persecución penal pública hemos actuado” contra los autores, azuzados por el “empoderamiento” de las víctimas que han luchado contra viento y marea para que se juzgue a los culpables – algunas fueron recibidas por el papa en el Vaticano el pasado mes de mayo -, y “la fuerza de las organizaciones de laicos que se convirtieron en actores que son escuchados para tomar decisiones por parte de la autoridad pública”.

“Todo ocurre en el lugar preciso y en el momento oportuno”, se congratula. A ello, se suma el reclamo de la población que “quiere justicia, quiere investigación”, sostiene.

 




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