Basyl Macías

En 15 días, las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como sus alrededores, fueron escenarios de tres casos de violaciones a la libertad de expresión. El primero, ocurrido el 7 de abril, dejó al menos un reportero herido y una cámara de Telecaribe dañada. Los responsables de estas agresiones fueron unos simpatizantes del oficialismo, que estaban apostados a las afueras con música partidista a alto volumen.Según informe de la ONG Espacio Público, hasta hoy se contabilizan 85 violaciones a la libertad de expresión en los primeros cuatro meses de 2016.

Los periodistas estaban dando cobertura a una movilización de Primero Justicia, que exigía al ente comicial la planilla necesaria,  para recoger firmas con miras a un referéndum revocatorio del mandato de Nicolás Maduro.

El 13 de abril, en una cobertura ligada al proceso de referéndum que adelanta la oposición venezolana, en las inmediaciones del CNE, fue agredido y robado por simpatizantes del oficialismo el reportero gráfico Miguel González. Los equipos arrebatados estaban valorados en $2.000. Cuando solicitó ayuda de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, le dijeron que no lo podían defender porque en Venezuela “no hay estado de derecho y ellos (los agresores) matan policías”, destaca el informe.

Días después, el 21 de abril, los responsables de agredir a la prensa fueron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes sacaron a empujones y golpes a los reporteros que estaban cubriendo a un grupo de diputados que se encadenaron en la sede del CNE, exigiendo la entrega de las planillas.

Una vez afuera y evadiendo los grupos oficialistas que los esperaban, un grupo de 13 personas entre periodistas, camarógrafos y asistentes, la mayoría de medios internacionales, se resguardaron en una camioneta del canal CNN para salir del lugar, algunas personas bloquearon el paso y golpearon la camioneta, dejando como resultado un vidrio roto y una reportera herida. En el mismo hecho, un periodista de Globovisión fue golpeado y despojado de sus pertenencias y del trípode de la cámara.

En el estado Vargas, el reportero de Efecto Cocuyo, Reynaldo Mozo, fue detenido por la Policía de la entidad, bajo el argumento de que “parecía un infiltrado”. Fue liberado luego de que revisaran su teléfono celular y borraran la información de la protesta que estaba cubriendo en ese momento.

El mes de abril también transcurrió en medio de valoraciones internacionales negativas sobre el estado del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Mientras que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró el 157 período de audiencias, donde Espacio Público presentó el informe “Sin papel no hay periódico”, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del mismo organismo identificó que en Venezuela existe un clima de intolerancia que obstaculiza el libre ejercicio de este derecho para periodistas, medios de comunicación y sectores de la sociedad en general.

Para la Relatoría lo más grave han sido los procesos de venta de medios de comunicación, y consideran que eso ha determinado el proceso de cambio de esas líneas editoriales a unas ahora “complacientes al Gobierno”, el control oficial de papel y el uso del derecho penal para reprimir e inhibir expresiones críticas o informaciones de prensa que refieren a las altas autoridades gubernamentales. Amén de las amenazas, agresiones y hostigamientos a periodistas.

El principal obstáculo a la libertad de prensa en Venezuela lo constituye la violencia institucional. Así lo asegura la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), tras publicar su informe sobre la Clasificación Mundial de la libertad de prensa y ubicar a Venezuela en el puesto 139, dos por debajo del año 2015, cuando el lugar ocupado fue el 137.

En el primer cuatrimestre del año 2016, Espacio Público contabilizó 69 casos en los que se vulneró el derecho humano a la libre expresión, en los cuales se registraron un total de 85 violaciones. La violación que mayor cantidad de veces ocurrió fue la intimidación (31%), que se manifestó principalmente en retenciones arbitrarias por parte de cuerpos de seguridad o funcionarios de instituciones públicas para impedir las coberturas periodísticas.




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