Tal y como expreso el general en jefe, Padrino López, la constituyente representa la mayor expresión de la democracia. Sí, es cierta esa esa afirmación hecha por el ministro de la Defensa, pero desgraciadamente la convocada por el presidente de la República conforma un fraude a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque el propósito y la finalidad de su realización son oscuros y a simple vista se ve que no cumple con los parámetros de la Carta Magna. Su solicitud no es cónsona con los requerimientos constitucionales, pues haber sido convocada por el presidente de la República aniquila el supremo derecho del poder originario de hacerlo, como lo consagra el artículo 347 de la Constitución Nacional, cuando dice “el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente, con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución”.
Esto significa que bastará que la convocatoria la firme el 15 por ciento de los electores registrados y que el primer mandatario nacional violo ese derecho cuando se abroga la convocatoria que no le corresponde, por cuanto solo le toca la iniciativa de la convocación, es decir, impulsar su realización. Y lo tiene que hacer en consejo de ministros y tampoco lo hizo. La Asamblea Nacional, mediante las dos terceras partes de sus integrantes, así como concejos municipales, en cabildos, tiene la iniciativa de esta convocación, según el artículo 348 de la Carta Fundamental.
El rector Luis Emilio Rondón, del CNE, corrobora esa aseveración cuando expresa que “el presidente no está facultado por la Carta Magna para convocar una Constituyente, el único que puede hacerlo es el pueblo, depositario según la constitución del Poder Originario. El Ejecutivo puede promover la iniciativa, pero los ciudadanos deben ser consultados obligatoriamente para activar este mecanismo, por lo cual el decreto es contrario a la Constitución, cuando habla de convocar la Asamblea Nacional Constituyente”. Es decir, realizar un referendo consultivo, destinado a toda la población venezolana. tal como hizo Hugo Chávez Frías, preguntándole si está o no de acuerdo con la realización de una Asamblea Constituyente para cambiar el Estado y la Constitución Nacional¡? Y de acuerdo a la respuesta, es que el Consejo Nacional Electoral organizaría y llamaría a votar en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente y no una popular ni comunal, como la llamo el presidente Maduro ni con otra intención que no sea la de cambiar la Carta Magna vigente y el Estado venezolano, en este caso el Estado Federal Descentralizado, establecido en su artículo cuatro.
La Asamblea Nacional Constituyente no sirve para lograr la paz, como quiere hacer creer Nicolás Maduro, pues la paz se logra cuando se respetan las leyes y se respeta el derecho a la protesta pacífica y no se ve a los adversarios políticos como enemigos que hay que eliminar o matar. La paz se logra cuando el gobernante es demócrata en las acciones de gobierno y es capaz de escuchar, sin usar la fuerza pública, los requerimientos de una población obstinada de tanta ineficacia gubernamental y cuando no se acribillan con perdigones ni bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros a los manifestantes ni se atropellan con tanquetas de la fuerza del orden público a jóvenes que desean un destino mejor para sus vidas.
Maduro altero ese mandato, porque como presidente nunca respeta los estatutos constitucionales. Siempre se extralimita de sus competencias, justificándose en el poder que le otorga el Tribunal Supremo de Justicia, a través de los decretos de emergencia económica, vía estados de excepción, mediante los cuales ha gobernado de forma arbitraria y de acuerdo con los intereses de la revolución, porque como ultra izquierdista no cree en los límites jurídicos para gobernar ni en otro poder para controlar sus actuaciones de gobierno. Por tanto, nunca reconoció ni reconocerá que la Asamblea Nacional opositora es un poder autónomo y legalizado por el voto popular, con la potestad jurídica de ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional.
Para él, el parlamento nacional no existe o es un parapeto porque la mayoría de sus parlamentarios son opositores a su gobierno, motivo suficiente para eliminarla como figura jurídica y representativa del pueblo. De allí, que la Asamblea Constituyente Comunal convocada recientemente por el, tiene el fin de acabar con la Asamblea Nacional, en aras de gobernar con una asamblea comunal adepta a su ideología, con el fin de avanzar rápidamente hacia la consolidación del Socialismo del Siglo XXI.
Ni la institucionalidad venezolana ni el respeto por la ley conoce Nicolás. Lo consagrado en la Carta Magna del 1999 le resbala, porque no ha encontrado a un funcionario público que lo enfrente y la haga respetar. Tampoco un oficial de la FANB. Todos a su alrededor, civiles y militares, le aplauden sus decisiones, aunque violen la ley, porque al parecer a ninguno les interesa la legalidad de los procedimientos, sino realizarlos para garantizar su perpetuidad en el poder.
Y lo más triste, es que la amplitud democrática que la constitución de 1999 quiso ofrecerle a la nación con la incorporación de nuevos poderes autónomos que no figuraban en la Carta Magna de 1961, se desvaneció por cuanto, los líderes de la revolución bolivariana no respetan la división de poderes y han convertido a los poderes Judicial, Electoral y Moral en un apéndice del Poder Ejecutivo, al cual tienen que servir y acomodarle los estatutos legales a sus propósitos políticos. Realidad que ha resquebrajado la democracia y, prácticamente, destruido la participación democrática y protagónica de la cual se ufanan tanto los oficialistas y, más, aun el Jefe del Estado.
El primer mandatario nacional no se detiene en su visión de convertir a Venezuela en un anexo de Cuba para concretar el proyecto geopolítico de los Castros de transformar a esa isla en la Gran Cuba Socialista, conformada por Venezuela y Nicaragua, razón por la cual en el ítem de la identidad cultural, se establece “la nueva venezolanidad, una nueva espiritualidad y la diversidad cultural”
De allí su afán, ahora, de convocar a una Asamblea Constituyente Popular para lograr, a través de los cambios sustanciales que le harán a la Constitución de la República Bolivariana, transformar el Estado Federal Descentralizado en un Estado Socialista o Comunista, cuando pretenden darle rango constitucional a los consejos comunales y comunas, como nuevas formas de democracia participativa y protagónica. Esto implica la desaparición de la división política territorial del país como se encuentra establecido en la Carta Magna. Gobernaciones y alcaldías desaparecerán, mientras que enterrará la propiedad privada, propia del sistema capitalista, al implantar un nuevo modelo económico, el cual en el organigrama lo esconden, pero que no es otro que el Socialismo o Comunismo, por cuanto se le dará rango constitucional a las misiones socialistas.
En fin, la Asamblea Nacional Popular convocada por Maduro desde su génesis es un fraude, porque irrumpe los procedimientos constitucionales para hacerlo y porque su fin último es institucionalizar el modelo de gobierno dictatorial y autoritario conque ha gobernado desde que llego al poder. La historia no le perdonará ese asalto a la Carta Magna que en 1999 redactaron para enterrar a la 1961, esa misma que el expresidente Chávez llamó la moribunda para darle paso a una que catalogaron de una ley excepcional para el desarrollo de una democracia participativa, pero la cual ya hoy no le sirve, porque a través de la misma no pueden justificar su autoritarismo y totalitarismo gubernamental.
