La lista de reclamos y reivindicaciones laborales de los al menos 10 mil trabajadores activos del Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), ente dependiente de la Gobernación, es cada vez más amplia. Fue precisamente eso lo que los motivó a alzar su voz en una protesta este lunes 21 de diciembre, a las afueras de la sede principal de la institución, en el centro de Valencia.
“Hemos planteado una serie de problemas para los cuales no tenemos respuesta”, dijo el secretario general del Sindicato Bolivariano de Trabajadores de la Salud, Wilfredo López, a El Carabobeño. “Nosotros no estamos exigiendo otra cosa más allá de los derechos que nos corresponden por la contratación colectiva que está estipulada en la normativa laboral y en el acta de convenio reconocida por el Ministerio de salud”.
López señaló que cuando faltan menos de cuatro días del 25 de diciembre, los trabajadores de Insalud todavía no tienen la certeza de si este año beneficiarán a sus hijos con la entrega de juguetes correspondiente para esta fecha. Según su declaración, en otros estados del país las autoridades sanitarias ya ejecutaron este beneficio gracias a un acuerdo con el Ministerio de Salud, pero en la entidad carabobeña todavía no es seguro.
Por su parte Carlos Viloria, presidente del Sindicato de la Salud de Carabobo, alertó sobre situaciones mucho más preocupantes. A 10 meses de registrarse los primeros casos de COVID-19 en el país, la dotación de insumos y equipos de protección personal para los médicos, enfermeras, camilleros, camareras y aseadores es escasa en un gran porcentaje de los hospitales y ambulatorios del estado.
“Nos conseguimos con casos como los de algunos trabajadores de limpieza de la Maternidad del Sur, a quienes los ponen a exprimir coletos con las manos”, denunció el representante sindical durante la protesta. “Hacen falta los carritos exprimidores. No podemos seguir poniendo en riesgo la salud de nuestros trabajadores. Si no les importa la salud de sus trabajadores, mucho menos la del pueblo”.
Viloria detalló que no se les garantiza el traslado hacia los centros asistenciales, a pesar de la escasez de combustible y la poca disponibilidad de unidades de transporte público; están obligado al personal de la tercera edad o con alguna patología crónica, quienes deberían estar bajo resguardo por la pandemia, a reincorporarse a sus actividades; y además les quitaron un bono de un millón de bolívares que implementaron en mayo.
“Cobramos menos de un dólar y se están pagando las quincenas retardadas, cuando se deberían pagar los 13 y los 27 de cada mes”, aseveró el sindicalista. “Los trabajadores que aún estamos laborando en la institución lo hacemos por vocación y lo que nos dan como respuesta es una persecución y eliminación de los beneficios”.
El vocero llamó al ministro de Salud, Carlos Alvarado, y al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, a reflexionar sobre las necesidades y reclamos del sector público sanitario: “Esta administración violenta los derechos de los trabajadores”.
Osdalis Méndez, quien tiene 17 años trabajando en el Ministerio de Salud en Carabobo, calificó su situación como una emergencia. Hace dos años fue diagnosticada con un tumor en el maxilar e igual le exigieron que se reincorporara a sus funciones.
“Yo en medio de esta pandemia me he dirigido a mi centro de salud a trabajar. Sin comida, sin pasaje, y sin muchas cosas que necesitamos”, agregó. “No me han tomado en cuenta ni siquiera para operarme”.
