Seis países latinoamericanos se incluyen en esa lista negra (Brasil, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua y Venezuela), donde también aparecen Bielorrusia, China, Rusia, Israel, Palestina, Irán y Egipto, entre otros.
«Pese a las promesas y compromisos de los países miembros el informe muestra una vez más lo mucho que la gente es perseguida por tratar cuestiones de derechos humanos con la ONU», destacó al presentar el informe la asistente del secretario general de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris.
En algunos casos estos colaboradores con la ONU son detenidos, otras veces se les somete a vigilancia convencional o a través de la red, y es común que se elabore legislación dirigida a limitar su trabajo con Naciones Unidas, según el informe, que cubre casos denunciados entre mayo de 2021 y abril de 2022.
El documento, presentado en la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denuncia un creciente uso del espionaje por medios digitales y los ciberataques contra estos activistas, algo que la pandemia de COVID-19 aceleró por al aumento de los contactos digitales.
El mayor acoso a estas personas aumenta la autocensura, denunció Brands Kehris, ya que muchos «optan por no cooperar con la ONU o hacerlo de forma anónima, al temer por su propia seguridad».
El informe subraya que estas represalias se imponen desproporcionadamente a determinados grupos que incluyen representantes de pueblos indígenas, activistas medioambientales, y personas que sufren discriminación racial, sexual o de género.
