EFE
La Asamblea Nacional de Venezuela (AN), de mayoría opositora, rechazó este martes la extensión del decreto de «Estado de excepción y emergencia económica» que ordenó la semana pasada el presidente, Nicolás Maduro, en medio de la severa crisis económica que atraviesa el país suramericano.
Con el voto salvado del chavismo, los opositores aprobaron el acuerdo este martes, día en que la Cámara reanudó las sesiones en plenaria tras un receso de un mes.
El diputado opositor Omar Barboza, que abrió el debate sobre este punto, indicó que el decreto que se emitió por primera vez el 14 de enero pasado «lleva 240 días de prórroga (…) el doble de lo que permite la Constitución».
Criticó que, para «justificar» la aplicación y extensión de esta norma, los ministros no hayan comparecido ante la Asamblea pese a las reiteradas invitaciones hechas por la directiva.
Por otra parte, el diputado oficialista Ramón Lobo defendió la medida del presidente Maduro pues, afirmó, ha permitido la posibilidad de recursos para la nación.
Entretanto, el también chavista Ricardo Sanguino consideró que el acuerdo aprobado por los opositores «representa un resentimiento por el éxito de la cumbre» del Movimiento de países No Alineados (MNOAL) que se llevó a cabo en la Isla de Margarita la semana pasada.
El Gobierno indicó que la prórroga de la norma se realiza considerando «que la efectividad del estado de emergencia económica decretado a fin de proteger al pueblo venezolano ha sido determinante en contra de las acciones y amenazas internas y externas desestabilizadoras de la economía».
La declaración de emergencia económica permite a Maduro, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
El Parlamento también aprobó este martes una reforma parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para «acabar con el chantaje del Gobierno a los medios de comunicación que no le favorecen», según ponderó el opositor Biagio Pilieri.
Además, la Cámara rechazó lo que consideró una «usurpación de funciones de la Asamblea Nacional, por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)», que ha vetado la mayoría de los actos del Legislativo y que lo declaró en desacato por la reincorporación de tres diputados opositores cuya investidura fue impugnada y suspendida por el tribunal.
Por último, el Parlamento tomó juramento a los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Preliminares que trabajarán en la selección de dos nuevos rectores del Poder Electoral, una tarea que la mayoría opositora prevé cumplir antes de que finalice este año.
