El 24 de marzo de 1976 comenzó uno de los períodos más
oscuros de la historia argentina. Las Fuerzas Armadas dieron un nuevo golpe de Estado
y derrocaron a María Estela Martínez, presidenta desde julio de 1974, tras la
muerte de su esposo, el presidente Juan Domingo Perón, con quien en 1973 había compartido
la fórmula en calidad de vicepresidenta.
Con la detención de Isabel Perón y tras ser
trasladada a Neuquén, en el poder se impusieron la Junta de Comandantes
integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo
Emilio Massera, y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti.
Videla fue designado como presidente de facto y
dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compondrían el futuro
gobierno con igual participación como parte del autodenominado «Proceso
de Reorganización Nacional». El golpe fue recibido con aceptación,
pasividad, indiferencia y hasta naturalidad por amplios sectores de la sociedad
–era el sexto que se producía en el siglo– aunque este contó con
notables diferencias como ser el reparto tanto del poder como su
participación en la represión en partes iguales entre las fuerzas.
La dictadura de 1976 hizo uso de un particular ejercicio de
la violencia política: la diseminación del terror en todo el cuerpo social y
aplicó un plan atroz que ninguno de los regímenes previos practicó: la
desaparición sistemática de personas. Para desarrollar el modelo represivo, el Estado actuó en
forma ilegal y clandestina: dividió el país en zonas operativas para organizar
la represión, instalaciones públicas y privadas fueron transformadas en centros
clandestinos de detención.
A partir del golpe, la dictadura dictó una serie de
medidas que consolidaban un estado de excepción que les otorgaba la suma del
poder público: disolución de los partidos políticos y sindicatos,
prohibición de la actividad política y cesantías en los cargos, entre otras
medidas.
«Se comunica a la población que, a partir de la fecha,
el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes
Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto
acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar,
de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y
actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención
drástica del personal en operaciones», expresaba el Comunicado Nº 1
de la Junta Militar.
Ese mismo día, el Comunicado Nº 19 informaba a la
población que será «reprimido con la pena de reclusión por tiempo
indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare
comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o
personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al
terrorismo».
Durante el periodo hubo miles de desaparecidos. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada por el presidente de la Argentina Raúl Alfonsín, constató más de 9 mil casos, mientras organismos de derechos humanos hablan
de más de 30 mil, 649 argentinos muertos en la guerra de Malvinas y 45 mil 087 millones de dólares de deuda externa en 2 mil 818 días.
Además se produjo el secuestro de adultos, hubo un
plan sistemático de apropiación de niños. Los niños robados o que las
madres parían en los centros de detención fueron inscritos como hijos propios
por muchos miembros de la represión, vendidos o abandonados en institutos.
Por su parte, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia arrojó un total de 119 nietos recuperados, más de 200 identificaciones de restos de desaparecidos, 14 juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad en curso y 660 represores condenados.
Nunca más
En 2007 fue inaugurado el Parque de la Memoria que alberga el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Está ubicado a 300 metros del Aeroparque Metropolitano, pues desde el área militar de este aeropuerto partieron varios de los denominados “vuelos de la muerte”, que transportaron a muchas de las víctimas, finalmente arrojadas a las aguas del río, y de quienes no se hallaron cadáveres.
Este jueves, como parte de su viaje histórico por América Latina, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se convirtió en el primer jefe de Estado de su país en visitar el parque que honra a los fallecidos del régimen entre 1976 y 1983.
Obama reclamó “que se cumpla la promesa” del “nunca más”, dos palabras que expresó en español y que cerraron el alegato contra las juntas militares del régimen dictatorial en el juicio de 1985, en que se dictó prisión perpetua para dos comandantes.
