Dayrí Blanco
Los números no han sido positivos para las empresas
productoras de alimentos del sector público. Abastecer el mercado nacional con
una caída progresiva ha sido una tarea cuesta arriba que ha tratado de
enmendarse exigiendo a la empresa privada que destine un importante porcentaje
de su manufactura a la red pública de comercialización. Esta medida provocará
el cierre del 70% de los establecimientos dedicados al ramo, e incrementará las
colas.
La red privada de supermercados, abastos y bodegas tiene 15
veces más locales que la red pública. Son siete mil 245 comercios oficiales y
113 mil privados, lo que significa que el 93,97% de los negocios del país está
en riesgo de sufrir una merma importante en sus ventas ya afectadas por la
crisis de escasez y desabastecimiento.
Guillermo Manosalva, presidente de la Cámara de Comercio de
Valencia, advirtió que al menos el 70% de los privados se verán perjudicados,
que son los que corresponden a los abastos y establecimientos más pequeños, por
una medida inconsulta sin ningún criterio práctico que se implementó desde el
Gobierno por no conocer cómo funciona el mercado en sus tres niveles que son
producción, distribución y comercialización. “Es un nuevo error”, expresó al
referirse a la denuncia de Cavidea sobre la orden de la Sunagro de envío de
casi el 100% de la mercancía a la red Bicentenario, Pdval y Mercal.
Las fábricas estatales adscritas al ministerio de
Alimentación no han tenido un buen registro.
