Jenny
Sánchez Petit
Empleados de
la alcaldía de Bejuma cerraron las puertas de salida del edificio municipal, la
mañana de este martes 31 de mayo, como una forma de presionar a los concejales del Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV) para que llamaran a una sesión extraordinaria y aprobaran un
crédito adicional solicitado a principios de mayo.
La controversia entre la alcaldía y el ente legislativo
bejumero existe desde que el ayuntamiento envió a la Cámara Municipal
la solicitud de un crédito adicional por más de 13 millones de bolívares, que
serían destinados, en gran parte, al pago de aumento salarial y el bono de
alimentación.
Los
ediles aprobaron alrededor de nueve millones de bolívares, que iban para los
trabajadores y dejaron por fuera unos cuatro millones de bolívares que estaban
destinados a gastos suntuarios del alcalde, para que se utilizaran en la
reparación de las bombas de la ciudadela Ezequiel Zamora y para los edificios
de El Rincón.
La edil María Gracia Ciccone indicó que lo que se esperaba con la actuación que surgió de los empleados es
que los concejales del partido de gobierno convocaran, en horas de la tarde una reunión extraordinaria, para que el crédito se
aprobara en su totalidad, porque según sus palabras, la cámara no tiene facultad para decidir sobre el destino de los créditos adicionales que envían al
alcalde.
Posición
de la Cámara
Municipal
La asesora jurídica del Concejo
Municipal, Gisela León, indicó que la
Cámara puede aprobar unos recursos y otros no, ya que así
está asentado en la sentencia N° 01729 del 7/10/2004, Exp. N° 2003-1064 de la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado
Hadel Mostafá Paolini, en caso de conflicto de autoridades entre la Contraloría Municipal
de San Diego y el alcalde para el momento José Gregorio
Ruiz.
En
el escrito de la mencionada sentencia se deja sentado que “las solicitudes de
crédito que eventualmente formulen las contralorías municipales deben ser
sometidas a la revisión del órgano deliberante municipal, a quien en definitiva
corresponde, de acuerdo con la legislación aplicable, formular los reparos y
modificaciones que estime pertinentes y pronunciarse sobre la viabilidad o
procedencia de la solicitud”.
Leyda
Moreno, vicepresidenta de la
Cámara, aseguró que los derechos de los trabajadores han sido
respetados, y que en el municipio hay problemas graves que resolver, para estar
apartando sumas de dinero para gastos de viáticos y representación del alcalde.
Moreno manifestó que el Gobierno nacional ha enviado los recursos para los
aumentos salariales y bono de alimentación, por lo que no entienden las razones
por las cuales le dicen a los obreros que le seguirán pagando hasta
diciembre 8 mil bolívares de bono de alimentación.
