Pocos propietarios se arriesgan a alquilar. (Foto Archivo/ El Carabobeño)
Dayrí Blanco
Optar por un crédito hipotecario implica tener un ingreso mensual equivalente a 15 salarios mínimos. Por eso el alquiler de una vivienda se muestra como una opción en el mundo para quien es novato en el mercado inmobiliario. Pero en Venezuela eso es diferente. En 95% se ha reducido la oferta de arrendamientos residenciales. El marco jurídico establecido en el país así lo ha determinado.
Salomón Muci Matta, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, explicó que el propietario siente que no puede recuperar su vivienda si la alquila. Además, el método de avalúo que aparece en la ley impone cánones que están divorciados de la realidad y el régimen de sanciones es desigual y excesivamente duro con los propietarios.
Comprar en el mercado secundario es otra alternativa que es sustentada por la caída en la construcción de nuevos proyectos. La oferta se ha incrementado de forma discreta desde principios de 2015.Pero sus precios han crecido en medio de una distorsión económica.
Para el caso comercial la oferta de alquiler, según detalló Muci Matta, es estable y es dado que la ley presenta una relación más favorable entre las partes. “Esta es una ley producida con el concurso del sector privado y el público”. Recordó que aún existe ausencia de la interpretación de los lineamientos del avalúo por parte del órgano oficial, que de acuerdo con la Ley debe realizar para que los alquileres puedan finalmente calcularse conforme a la fórmula de los cánones fijos y mixtos. Pero mientras esa metodología no exista, los propietarios e inquilinos, deben hacer un avalúo de consenso y que utilicen el resultado para las fórmulas de cálculo del canon mensual de alquiler, el cual debe ser también producto del acuerdo de voluntades de ambas partes”.
Los problemas del sector son los mismos. Poco ha cambiado. El sector privado ha presentado una caída en los proyectos inmobiliarios y se ha retraído la solicitud de nuevos permisos y créditos para la construcción de viviendas como consecuencia de una valoración, normas y reglas de juego que ha impuesto el Gobierno que no ayudan al desarrollo de conjuntos habitacionales en el país. Mientras que en el sector público, desde 2011, la Misión Vivienda no ha logrado cumplir con las metas establecidas.
