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Clientes deben verificar los permisos de las empresas contratadas. (Foto Archivo/El Carabobeño)

Basyl Macías || bmacias@el-carabobeno.com

La proliferación de diferentes tipos de servicios de seguridad privada en Venezuela en los últimos años, se debe entre otras razones, a la pérdida de confianza de los ciudadanos en la efectividad de órganos de seguridad pública.

La seguridad es un componente vital de interés general de quienes viven en urbanizaciones o conjuntos residenciales, a pesar de que pueda representar un riesgo implícito en el hecho de que alguien nos vigila dentro de nuestro entorno cercano, o que invade nuestra privacidad.

Con el creciente nivel de violencia y reiterados delitos como robo, secuestro, intimidación y el solo hecho de no sentirse seguro dentro de su hogar o lugar de trabajo, obliga a buscar seguridad privada y permanente, como un dispositivo de prevención.

Adminta Sosa Valero, directiva de la Cámara Nacional de Empresarios de la Vigilancia Privada (Canevip), detalló que este servicio es regulado según el artículo 1º del Reglamento de los Servicios Privados de Vigilancia, Protección e Investigación, que corresponde al Ministerio de Relaciones Interiores autorizar y controlar el funcionamiento de dichos servicios, establecido en el decreto 699 vigente, del 14 de enero de 1975.

El estatuto establece que el vigilante debe ser venezolano, mayor de 21 años de edad, tener una instrucción mínima de sexto grado de educación básica, haber aprobado algún curso de vigilancia y ser evaluado por un psicólogo federado que certifique su salud mental.

Las empresas de seguridad tienen que ser celosas y apegarse las pruebas psicotécnicas y entrevistas psicológicas, así como la investigación a nivel de selección en lo referente a verificar que la persona cumpla con este perfil establecido en el decreto y en la Ley Desarme.

Sosa recomienda a los clientes exigirle a las empresas prestatarias de este servicio toda la documentación establecida, tanto por la Dirección General de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada (Digeservisp) y la Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX).

Hay un permiso de funcionamiento que otorga el Ministerio de Relaciones Interiores, uno para portar armas que otorga el Ministerio de la Defensa, y se debe verificar en las páginas de estos dos ministerios cuál es el nivel de solvencia que tiene la empresa que desea contratar; si realmente su perisología está al día y se encuentra clasificada como activa y reglamentaria.

La vicepresidenta de servicios de la cámara precisó que en casos de que las empresas no aplican criterios adecuados de selección de su personal, incurren en el riesgo de se cuele dentro de las personas que buscan trabajo en el área de la seguridad privada, gente que busca que la ubiquen en un sitio que le permita el acceso a sitios en los que pueda cometer delitos y poner en riesgo la vida de ciudadanos.




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