AFP
La Fiscalía venezolana comenzó a investigar el viernes una
denuncia de secuestro y robo presentada por un activista de derechos humanos,
para quien la ONG Amnistía Internacional reclamó protección del gobierno.
La fiscal Mónica Trejo emprendió «la investigación de los hechos denunciados por el representante
de Provea, Marino Alvarado, quien señaló que este jueves 1 de octubre fue
víctima junto a su hijo de secuestro y robo», informó el Ministerio
Público en un comunicado.
La
ONG defensora de los derechos humanos Provea, a la que
pertenece Alvarado, informó que el
activista y su hijo menor de edad fueron golpeados, secuestrados y robados por
tres hombres armados que los sometieron en su residencia durante 40 minutos
y se llevaron artefactos electrónicos y dinero.
El activista requirió sutura
quirúrgica por un golpe en la cabeza, pero no reviste
peligro, según Provea.
Amnistía Internacional señaló en un comunicado que esta
agresión tuvo lugar en medio de «una oleada de declaraciones públicas
deplorables de parte de autoridades de alto nivel» contra promotores de
las garantías fundamentales.
Por ello, agregó, el ataque «debe ser un llamado de
atención al gobierno venezolano para que asegure inmediatamente la protección de
los defensores y defensoras de derechos humanos».
Alvarado y el equipo coordinador de Provea solicitaron en
días recientes medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) por «los constantes actos de hostigamiento e
intimidación por parte de altos funcionarios del Estado venezolano».Sin embargo, el activista aclaró que
no puede atribuir el ataque a represalias políticas
y se refirió a la rápida respuesta del gobierno ante su caso, según escribió en
su cuenta de Twitter.
Saludo rápida respuesta del gobierno para iniciar investigaciones en caso de secuestro y robo del cual fui objeto hoy
— Marino Alvarado B (@marinoalvarado) octubre 2, 2015
