EFE
La ONG
Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles que el Poder Judicial de Venezuela «prácticamente dejó de funcionar
de forma independiente al Gobierno» desde que el chavismo y «sus
partidarios en la Asamblea Nacional» asumieron el control político de la
Corte Suprema.
En su informe anual, presentado este miércoles en Sao Paulo y Estambul de forma
simultánea, HRW censuró a las
autoridades venezolanas por «aprovechar la falta de independencia del
poder judicial en el país para detener y procesar criminalmente a
prominentes opositores políticos», como Leopoldo López.
«Durante el juicio a López, la Fiscalía no presentó evidencias creíbles
que lo incriminasen y el juez encargado, cuyo cargo es provisional y no posee
estabilidad garantizada, no permitió que la defensa presentase sus
pruebas», afirmó en rueda de prensa el director adjunto de HRW para
América Latina, Daniel Wilkinson.
Sin embargo, la organización celebró
el resultado de las elecciones
legislativas del pasado diciembre, en las que salió vencedora la alianza
opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que puso fin a la hegemonía
parlamentaria chavista de los últimos 17 años.
Con todo, el directivo agregó que «la situación en el país no deja de ser muy preocupante» por el cierre de canales de televisión, la represión
brutal contra manifestantes pacíficos o la persecución de opositores políticos.
Operación Liberación del Pueblo
Durante las operaciones, que han causado varias muertes, «las fuerzas de seguridad violaron derechos
fundamentales al conducir a detenciones arbitrarias, revistas ilegales a
domicilios, además de abusos físicos y verbales», criticó HRW.
La organización también reprobó las
deportaciones arbitrarias y la marginalización que se ha llevado a cabo en
el país contra «los defensores de los derechos humanos mediante repetidas
acusaciones, infundadas en el intento de debilitar la democracia de Venezuela».
Por otro lado, el informe alertó de las
dificultades que afronta la población para conseguir medicamentos básicos,
por lo que aseveró que el Gobierno falló en garantizar que las medicinas
«estén disponibles y accesibles a todos los venezolanos sin
distinción».
La ONG recordó que, pese a los pedidos de Naciones Unidas, el país todavía no ha permitido la visita de ningún especialista desde
1996.
