Dayrí Blanco|@DayriBlanco07

Para el miembro del buró político del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en Carabobo, Douglas Gómez, el marcado desabastecimiento de productos de primera necesidad es el resultado de una ecuación sencilla. Por un lado la baja operatividad de la industria por falta de materia prima, que atañe al repetido concepto de “guerra económica”, como elemento que se suma a las mafias orquestadas desde las redes de distribución que se concentran en los mercados mayoristas.

Es un problema que, según aseguró, el Gobierno no ha sabido enfrentar al no instrumentar mecanismos eficientes que acaben con esa “rosca”. En la región sucede en el Mercado Mayorista de Libertador. “Ahí hay de todo, pero a precios muy por encima de los reales, mientras que en establecimientos como los Abastos Bicentenario cada vez llega menos mercancía”.

La propuesta del dirigente oficialista es la creación de una red de distribución pública que elimine la distorsión que existe actualmente, y que mantiene anaqueles vacíos dentro de los supermercados y colas de clientes en las afueras cada vez que llegan unos cuantos kilos de productos básicos y escasos.

Los estatizados Abastos Bicentenario en Carabobo son una muestra de esta crisis. El que estaba en El Trigal cerró sus puertas definitivamente después de la operación Ataque al Gorgojo del 15 de febrero y se liquidó a toda la nómina de 87 personas. En la avenida Bolívar la situación solo se diferencia en que las puertas permanecen abiertas. Ya son 31 los despedidos que se han justificado en el decreto presidencial 2245 que establece la reestructuración de la red comercial pese a que también queda fijada la garantía de los puestos de empleos, “el ministro Rodolfo Marco Torres es responsable de esa situación”.

En ese lugar cada vez es menor el suministro de alimentos y otros rubros de primera necesidad. “Lo que más está llegando son artículos de higiene y limpieza pero en cantidades insuficientes”, relató el sindicalista Leonel García. Antes del inicio de las investigaciones en esta empresa se atendían en promedio hasta siete mil clientes diarios solo en la avenida Bolívar. Ahora lo máximo que pueden comprar son dos mil personas.

El llamado de la dirigencia sindical es que el ministerio del Trabajo apruebe los reenganches de los cesanteados. “Es un proceso completamente viciado, no hay elementos que justifiquen los despidos”.




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