EFE
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, celebró este jueves que el Tribunal Supremo haya suspendido provisionalmente el mandato del jefe de los Diputados, Eduardo Cunha, y aseguró sobre la respectiva medida cautelar que «mejor tarde que nunca».
Rousseff insistió también en que el proceso parlamentario que la próxima semana puede apartarla del cargo comenzó a raíz de un «chantaje» del propio Cunha, que esperaba que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) lo apoyara y rechazara la apertura de un juicio contra él en la Comisión de Etica de la Cámara de Diputados.
«El inicio del impeachment (juicio político destituyente) fue un chantaje del señor Eduardo Cunha, que pidió al Gobierno votos para impedir su propio juicio en la Comisión de Ética. Pero nosotros no le dimos los votos», afirmó la mandataria durante la ceremonia de inauguración de la polémica hidroeléctrica de Belo Monte, en la Amazonía brasileña.
En su calidad de presidente de los Diputados, Cunha fue el responsable de aceptar a trámite el proceso destituyente contra Rousseff el pasado diciembre, y hoy fue suspendido provisionalmente del mandato y de su cargo por haber dificultado las investigaciones de la trama de corrupción de Petrobras, en las que es reo.
Cunha enfrenta un proceso en el Consejo de Ética de la Cámara baja, que indaga si le mintió al Congreso al negar que tenía cuentas cifradas en Suiza, lo que él siempre ha negado fehacientemente pero que fue confirmado por la Justicia helvética.
Cunha incurrió en «un claro desvío de poder porque usó su cargo para vengarse de nosotros porque no nos doblamos ante el chantaje», sostuvo Rousseff.
«Lo único que lamento es que consiguiera presidir con cara dura lamentable proceso en la Cámara», agregó al referirse a la decisión del plenario de la Cámara baja de dar continuidad a los trámites para el juicio contra la mandataria.
Rousseff reiteró que el proceso para desalojarla del poder es «golpista» porque no cometió ningún «delito de responsabilidad», una condición de la Constitución para justificar el impeachment.
Los impulsores del proceso aseguran que la mandataria incurrió en delito de responsabilidad al contratar créditos de los bancos públicos sin autorización del Congreso para pagar gastos corrientes del Congreso y maquillar los balances fiscales de su Gobierno.
Tales acusaciones volvieron a ser rechazadas este jueves por el abogado general del Gobierno, José Eduardo Cardozo, que actúa como defensor de la presidenta, en una sesión en la Comisión del Senado que analiza la validez del proceso.
La jefa de Estado también hizo de nuevo hincapié en el argumento de que la oposición no se conforma con haber perdido las elecciones presidenciales de 2014 y, por eso, está llevando a cabo «una elección indirecta travestida de impeachment».
La presidenta inauguró formalmente este jueves la polémica hidroeléctrica de Belo Monte, segunda mayor del país y erguida en medio de la selva amazónica, que comenzó a operar comercialmente hace dos semanas con la venta de la energía que venía produciendo en fase de pruebas.
Este podría ser uno de los últimos actos públicos de Rousseff si tanto la comisión del Senado que analiza el caso el viernes, como el plenario de la Cámara alta la próxima semana, deciden darle vía verde al proceso.
En caso de que el Senado apruebe el inicio del juicio, la mandataria tendría que separarse del cargo durante los 180 días que puede durar el proceso, durante los cuales sería sustituida por su vicepresidente, Michel Temer.
En caso de que la jefa de Estado finalmente sea destituida, Temer completaría su mandato, que termina el 1 de enero de 2019
