Legisladores argentinos de distinto color político constituyeron hoy la Comisión Bicameral Especial que se encargará de investigar, de forma paralela a la Justicia, lo ocurrido al submarino de la Armada ARA San Juan, desaparecido con 44 tripulantes en el Atlántico Sur desde el pasado 15 de noviembre.
Según informaron fuentes del Senado, el senador peronista José Nato Ojeda será el presidente del grupo, que tendrá al oficialista Guillermo Montenegro como vicepresidente.
«Esta responsabilidad la tomamos a sabiendas de que la población nos está observando y esto hace que seamos muy cuidadosos, no solo al momento de tomar la información y guardarla sino también de brindarla», escribió Nato Ojeda en su cuenta de Twitter.
El presidente de la comisión adelantó que los familiares de los marineros desaparecidos participarán como veedores de las reuniones.
«Espero que se mantenga en este marco, y como presidente no voy a permitir ningún aprovechamiento político desde ningún sector porque le debemos el merecido respeto que tienen los 44 tripulantes del #AraSanJuan», añadió el político.
A mediados del pasado mes de enero, el Congreso aprobó la creación de esta comisión, que centrará su investigación en la desaparición, búsqueda y operaciones de rescate de la nave y que tendrá como fin el análisis, la evaluación y el esclarecimiento de las causas y circunstancias del siniestro de la embarcación.
También el desarrollo de las acciones desplegadas por el Estado argentino para su hallazgo y el desempeño de la cooperación internacional recibida para su localización y rescate, según se publicó en el Boletín Oficial.
La iniciativa fue impulsada a petición de los familiares de los desaparecidos y cuenta con el apoyo tanto del oficialismo como de la oposición.
La comisión, integrada por seis diputados y seis senadores, designados por los presidentes de cada cámara, designarán un cuerpo de especialistas compuesto por cinco miembros que sean militares retirados de la Armada argentina, y/o civiles con reconocida trayectoria en materia de defensa para que asistan, colaboren y asesoren durante las investigaciones.
El grupo conformado hoy podrá citar a funcionarios públicos y tomar declaraciones testimoniales, realizar investigaciones de oficio, entre otros aspectos, y deberá publicar unas conclusiones en un informe final que deberá ser hecho en un plazo no mayor a un año.
El ARA San Juan comunicó con tierra por última vez el 15 de noviembre del año pasado mientras se dirigía desde Ushuaia (al sur del país) hasta Mar del Plata (provincia de Buenos Aires).
Poco antes de desaparecer, el comandante había informado a sus superiores de que se había producido un principio de incendio en un compartimento de baterías por la entrada de agua a través de un conducto de ventilación; un problema que según la Armada fue resuelto y el submarino pudo seguir su viaje hacia su destino final.
La búsqueda del submarino, hasta ahora infructuosa, se delimitó a 430 kilómetros de la costa patagónica, en torno a una zona donde varias agencias internacionales informaron de la detección de una explosión horas después de desaparecer la nave.
En estos meses, además del caso abierto en la Justicia -en el que diversos familiares son querellantes- y la comisión parlamentaria, se abrió una investigación interna en el seno de la Armada y el almirante Marcelo Srur fue destituido por el Gobierno como jefe del cuerpo castrense.
