Los propietarios de los locales del paralizado Terminal Turístico de San Diego podrán escoger entre las opciones que plantea la alcaldía para destrabar un asunto que inició en 2009 y que aún en 2022 no ha logrado concretarse. Lo harán en una asamblea que convocará el municipio en el primer semestre de 2023.
La historia del terminal turístico no ha estado exenta de dificultades. En octubre de 2009, durante la gestión de Enzo Scarano y tras un proceso de licitación, el contrato fue adjudicado a la empresa Ingeniería GBR. En 2012 y 2014 los trabajos fueron paralizados por el Ministerio del Ambiente, la última vez con el alegato de un colector que descargaba aguas negras en áreas del terreno en construcción. Reactivada en 2015 pero con problemas derivados de la escasez de material para la construcción, en 2016 volvió a paralizarse, esta vez por falta de recursos de la empresa contratante. La situación se mantiene.
El acuerdo suscrito entre GBR y la Alcaldía de San Diego se sustentó en un contrato de permuta mediante el cual el municipio destinaba un terreno de su propiedad para la construcción de un terminal de pasajeros. Como contraprestación a esos trabajos, el proyecto incluía un área vendible de 18 mil 387 metros cuadrados, para la construcción de locales comerciales, que sería la ganancia de la constructora.
De ese total, Ingeniería GBR llegó a vender 6 mil 538 metros cuadrados, equivalentes a 872 locales. Lo hizo a través de las empresas Terminal Turístico del Centro y Desarrollos entre Pueblos, encargadas de la venta y promoción del proyecto. Los compradores, algunos de los cuales adquirieron varios locales, aún esperan por la entrega de los espacios comerciales.
Desde el cese definitivo de trabajos por parte de GBR, varias reuniones se han realizado entre la empresa, el municipio y los propietarios, pero aún no hay soluciones. El alcalde León Jurado decidió hacer una nueva convocatoria, esta vez una asamblea para tomar decisiones definitivas. La decisión la tomarán los propietarios, las propuestas las hará la alcaldía.
Jurado explicó que la fecha de la asamblea se escogió tomando en consideración que algunos propietarios de locales no viven en el país y necesitan otorgar poderes especiales a quienes los representen en esa asamblea. «Queremos que se tomen decisiones definitivas, por lo que a ese encuentro solo asistirán propietarios y apoderados. La idea es que estén preparados para que cuando convoquemos pueda asistir la mayor cantidad de compradores. También evaluaremos la asistencia, pues con un 10% no se podrán tomar decisiones de esa magnitud».
Los planteamientos en concreto son dos: Buscar un inversionista que, en sustitución de GBR, culmine la obra y entregue el terminal a la alcaldía y los locales a sus dueños; o rescindir el contrato con la empresa que paralizó la obra, con las consecuencias que ello acarrearía.
La propuesta más factible para Jurado es la búsqueda de un inversionista, pues con todo lo que pueda tardar siempre será menor al tiempo que se tardarían en pagar a los compradores. Si encontramos un nuevo inversionista tendríamos que ir a un nuevo proceso de contratación. Los propietarios de los locales no tendrían que volver a pagar porque ya nosotros los reconocimos como compradores. Además, sólo está vendido el 33% del área vendible, según data entregada por la empresa. Queda 66% del área por vender, lo que sería la ganancia del nuevo inversionista».
Jurado explicó que si se rescinde el contrato con ingeniería GBR, el municipio además de mantener el terreno de su propiedad, quedaría con una estructura por la que no pagó ni un bolívar, una obra que no tenía. Esto es así porque el acuerdo de permuta firmado con GBR establecía que la empresa le entregaría al municipio el terminal de pasajeros y como contraprestación a esa inversión desarrollaría áreas vendibles, a través de locales comerciales.
Para León Jurado, rescindir el contrato sería lo más fácil para el municipio, pero lo más injusto para los compradores de esos locales, quienes quedarían en el aire, pues no firmaron contrato con la alcaldía, sino con la empresa privada.
El burgomaestre reconoce, no obstante, que al beneficiarse el municipio de una infraestructura por la que no tuvo que erogar dinero, la alcaldía podría plantear el pago de una indemnización justa, en proporción a lo que cada quien haya pagado por su local y con base en un avalúo que se haga, ajustado a la realidad económica actual.
El problema radica en que la ley solo le permite al municipio disponer del 5% del presupuesto para resarcir daños. «Si el presupuesto es de 5 millones de dólares al año, la alcaldía puede disponer de 250 mil dólares anuales para pagarle a esos propietarios, lo que implica que tardaríamos, al menos, unos 10 años en terminar de cancelarles».
La otra posibilidad sería rescindir el contrato y que la alcaldía termine la obra, pero aclara que el 50% del presupuesto municipal debe destinarse a la inversión de obras. «Yo no puedo destinar todo el monto de inversión a una sola obra, pero en el caso de que decidiera hacerlo, ese 50% del presupuesto municipal, que serían 2.5 millones de dólares al año, me permitiría terminar la obra en, al menos, 80 años, porque es una inversión muy cuantiosa. Entonces deja de ser una posibilidad».
Pero el alcalde insiste: Si los propietarios están de acuerdo en que la solución es rescindir el contrato, él está dispuesto a hacerlo, siempre que los compradores acepten las consecuencias de una decisión como esa: Una indemnización pagadera en 10 años. La construcción del terminal y los locales por parte de la alcaldía no es viable.
Por eso es más rápido, pase el tiempo que pase, buscar un inversionista a que quedemos en el aire y que no haya ningún responsable, pues en este momento tenemos a GBR como responsable, que está dando la cara, precisó el mandatario, quien aseguró que la constructora no ha abandonado las gestiones: paralizó la construcción, pero sigue haciendo esfuerzos para conseguir nuevos inversionistas.
Según Jurado, GBR consiguió un inversionista que se presentó a los propietarios. Esa persona pidió que se hiciera un censo entre los compradores para ver quiénes estaban dispuestos a vender. El 88% dijo que si, el 12% que no. De ese total, un 66% se mostró dispuesto a alquilar. Pero la oferta fue muy baja, de apenas 2 millones 500 mil dólares, pese a que en construcción en el terreno hay más de 12 millones de dólares.
330 o 512
La Alcaldía de San Diego reconoce, hasta el momento, a 330 compradores, basados en una auditoría realizada en 2019 por acuerdo de una asamblea con los propietarios. En conjunto con un comité de compradores, GBR y la alcaldía revisaron los expedientes, identificaron los locales en planos y se determinó que no hubo doble venta de locales, que todos los locales estaban ubicados según los documentos firmados entre la empresa y los compradores.
Jurado sabe que no asistieron todos los compradores. «Si aparecen más los revisaremos y reconoceremos». Los propietarios dicen que son 512, de los cuales 450 pagaron el 100% de los locales.
La empresa GBR, o sus empresas asociadas, tienen la data de los compradores pero no la han entregado al municipio, se desconoce por qué.
Paralizadas las penalizaciones
Hoy el proyecto está paralizado. Pero también lo están los lapsos de penalizaciones que el mismo contrato establece. De esa manera, la prescripción no es un riesgo para los compradores, garantizó el alcalde.
Tampoco hay riesgo de sanción por incumplimiento de contrato para GBR, que es lo que pide la Contrarloría. El argumento es el mismo: El proyecto está paralizado, no abandonado. «La contraloría regional, por delegación de la nacional, señalaba que teníamos que exigirle a ingeniería GBR el pago de una multa por cada día de retraso. Eso está en el contrato, pero si la obra está paralizada esos días no corren, según el mismo contrato. Tampoco corren los lapsos para la prescripción, que es lo que preocupa a los compradores».
Jurado tiene conocimiento de que GBR ha conversado con dos inversionistas este año, buscando una solución al problema. Sabe que los directivos ofrecieron vender la constructora para que el nuevo inversionista termine bajo esa misma figura que, entre otras cosas, posee documentación para contratar con el Estado.
Pero le preocupa al alcalde que esos inversionistas se frenan cuando se encuentran con la palabra estafa, que no la hay, sino un grupo de personas diciendo que fueron estafados sin que haya una sentencia ni una denuncia que haya prosperado en ese sentido. «Para poder plantear un buen negocio el inversionista nos tiene que ver unidos, porque de lo contrario nadie va a hacer el negocio, ya que esos 872 locales serán vistos como 872 problemas. Por eso el inversionista que vino ofreció comprarlo todo, pero el precio era muy bajo».
Según el alcalde, venían sosteniendo reuniones periódicas con los afectados en busca de una solución, pero él decidió paralizarlas a raíz de que un grupo de personas comenzó a acusarlo de haberlos estafado. «La alcaldía está tan necesitada del terminal como ellos de su locales, hemos tratado de buscar soluciones para que todos ganemos, pero ellos insisten en atacarnos. ¿Si yo estoy propiciando la reunión entre ingeniería GBR y los propietarios, cómo es posible que yo los haya estafado?»
¿Resarcir daños o meter preso a alguien?
Jurado no entiende por qué esas personas, que tienen en sus manos un contrato que los ampara desde el punto de vista legal, no han accionado contra la empresa GBR, que es la verdadera responsable ante la ley. «Ellos se han dedicado a atacar a la alcaldía y no a buscar el resarcimiento de un daño, lo cual solo pueden hacer accionando desde el punto de vista civil contra la empresa, bien para la entrega de los locales o para el pago del dinero que habían cancelado. Vemos que ahí hay algo raro, pareciera un tema político»
¿La denuncia que hay en fiscalía es contra quien?
A nosotros la fiscalía nos ha pedido información y la hemos enviado toda. No sabemos si la investigación es contra la alcaldía o contra GBR, eso no lo sabremos hasta que se impute a alguien penalmente.
Como abogado, León Jurado aseguró que la investigación en fiscalía es penal y no busca que te entreguen el local ni que te paguen lo que pagaste para resarcir el daño que te causaron. Lo que busca es que se descubra un delito y se meta preso a alguien. Por eso insiste en preguntarse por qué los propietarios no demandan a la empresa. «Se que cuesta pagar un abogado, pero no es justo que se ataque a quien no firmó el contrato, que es el municipio, por una situación que firmaron entre una persona jurídica y un privado».
El terreno es municipal
La propuesta que hacen los propietarios de que les entreguen la propiedad del terreno no tiene lógica para el alcalde porque ese lote de tierra es del municipio. «Cada persona que compró sabía que ese terreno era propiedad del municipio. ¿Si la alcaldía no firmó un contrato con un comprador, por qué el comprador va a demandar a la alcaldía y exigir que les entreguen el terreno?. Ellos firmaron un contrato con GBR, tienen que reclamarle a la constructora, buscar el patrimonio de GBR para resolver a través de esos bienes el resarcimiento de un daño».
El alcalde dice que reconoce el derecho de los propietarios de presionar para lograr una solución, pero aclara que demostraciones de que desde la alcaldía se ha querido ayudar también las hay. «Ellos deben ponerse de acuerdo. ¿Quieren que les entreguen el local?, busquemos un inversionista: ¿quieren que les paguen?, demanden».
Hay posibilidades de que se puedan volver a reunir?
Siempre
Quién los convoca?
Es indiferente. Nuestra intención siempre ha sido ser un facilitador para que las cosas se den lo más transparente posible. Cada vez que vienen, sin embargo, converso con ellos. No le hemos cerrado la puerta a nadie.
