Luis Moreno Ocampo y Luis Almagro. (Foto cortesía)
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El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, nombró a tres juristas de Argentina, Costa Rica y Canadá para que evalúen si hay base para llevar al Gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).


Este panel de expertos independientes lo integran el argentino Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y ex secretario ejecutivo de la CIDH; el costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la CorteIDH, y el canadiense Irwin Cotler, presidente del Centro de Derechos Humanos Raul Wallenberg y ex ministro de Justicia.

Este grupo revisará la información obtenida en las audiencias públicas de la OEA sobre los posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que comenzaron este jueves con declaraciones de representantes de la sociedad civil y siguen hoy con el testimonio de militares exiliados.

Las sesiones de octubre no están aún fijadas pero el panel tendrá que emitir su recomendación a Almagro antes del 30 de ese mes, según una hoja informativa de la OEA.

A cargo de las audiencias está el exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo (2003-2012), nombrado por Almagro el pasado julio como asesor especial para crímenes de lesa humanidad.

La información que analizará el panel será no solo la obtenida por Ocampo en las audiencias de la OEA, sino también la enviada por más de 50 organizaciones que están o han investigado las circunstancias de la crisis venezolana.

“La información recopilada nutrirá un informe final que será revisado por el panel de expertos independientes, quienes formularán sus recomendaciones al secretario general”, detalló.

Si concluyen que hay fundamento para denunciar a Venezuela ante la CPI, estará por ver si es Almagro quien lleva el caso o si lo hace alguno de los 28 Estados de la OEA que son parte del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal con sede en La Haya (Holanda).

Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio de 2000, y por tanto la CPI tiene jurisdicción sobre lo que allí ocurre”, recuerda la OEA.

Si lo hacen uno o varios Estados tendría más impacto, ya que no se trataría de una mera “comunicación” (algo que puede presentar cualquier persona o institución), sino de una “referencia” (exclusivas del Consejo de Seguridad de la ONU y de los Estados parte del Estatuto de Roma).

Con una “referencia”, la Fiscalía de CPI debe abrir automáticamente un examen preliminar, explicaron a Efe fuentes de La Haya.




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