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La Asamblea Nacional (AN) anunció hoy que solicitará ante organismos internacionales medidas de protección para el Legislativo y sus diputados, luego de condenar la solicitud de privativa de libertad del parlamentario disidente del oficialismo Germán Ferrer.

“En nombre de la AN queremos anunciar los pasos que vamos a dar en materia internacional para proteger a cualquier diputado y al propio Parlamento”, dijo el jefe de la AN, el opositor Julio Borges, en rueda de prensa, al señalar que la acción contra Ferrer es nula y no existe, porque es contraria a la Constitución vigente.

El fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek Saab, pidió hoy la privativa de libertad de Ferrer, esposo de su antecesora Luisa Ortega, apenas minutos después de que un grupo de constituyentes chavistas solicitará el allanamiento de su inmunidad parlamentaria y su apresamiento.

Horas después el Servicio de Inteligencia (Sebin) allanó la vivienda de Ortega Díaz y su esposo.

Por este hecho, Borges anunció que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para garantizar la integridad y la legalidad de todos los parlamentarios.

“Igualmente nosotros vamos a hacer en este momento la denuncia de este caso ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, agregó.

Asimismo, este caso de violación a la institucionalidad del Parlamento será presentado a la unión interparlamentaria mundial.

Borges señaló que se está poniendo en contacto con todos los Parlamentos de la región para que haya un repudio inmediato a lo que significa en este momento seguir destruyendo la voluntad de 14 millones de venezolanos que votaron en 2015 por el Legislativo de contundente mayoría opositora.

Ferrer que fue electo diputado y que formaba parte de la fracción chavista, se incorporó a las sesiones del Parlamento, al que sólo acudían diputados opositores a realizar sesiones, tras las acciones emprendidas por su esposa, la fiscal.

Ortega Díaz, una persona vinculada anteriormente con el chavismo, marcó su distanciamiento del Gobierno durante los últimos meses luego de denunciar la ruptura del orden constitucional en el país tras dos sentencias del Supremo que le quitaban competencias al Parlamento y limitaban la inmunidad de los diputados.




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