El irregular sometimiento de civiles ante los tribunales penales militares en el marco del Pan Zamora es una manifestación más de la política gubernamental de violación sistemática de los derechos humanos, consideró la fracción opositora de la Asamblea Nacional (AN), al aprobar el proyecto de acuerdo en rechazo a la ejecución de este dispositivo.
Por órdenes del Ejecutivo, durante los últimos días fueron instalados tribunales militares en Carabobo, Zulia y Falcón para procesar y enjuiciar a civiles; los ciudadanos privados de libertad en esas entidades, no son militares activos, no están sujetos a los deberes de los militares y por ello no pueden incurrir en delitos o faltas militares.
En el documento aprobado por la mayoría parlamentaria se explica que la Constitución limita la competencia de la jurisdicción penal militar, al disponer en su artículo 261 que “la comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a los delitos de naturaleza militar”.
El derecho al juez natural, inherente al debido proceso, no puede ser objeto de suspensión, ni restricción alguna, ni siquiera en los supuestos de estados de excepción, como expresamente lo establece el artículo 337 de la Constitución, aclararon los diputados durante la sesión ordinaria de este martes.
La AN instó a los jueces y funcionarios de la jurisdicción penal militar ejercer sus funciones con estricto apego a la Constitución y las leyes especiales que los rigen, las cuales le prohíben procesar a ciudadanos que no tengan la condición de militar activo.
Esta nueva violación de los derechos humanos, será denunciada ante instancias nacionales, como la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, sentencia el acuerdo. También acudirán a organismo internacionales.
Lea aquí el acuerdo completo:
