(Foto cortesía)

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó este martes un proyecto de reforma constitucional que propone una nueva carta magna para el país y que ingresará al Parlamento cinco días antes del término de su mandato.

“Lo he dicho, vamos a gobernar hasta el último día, así que eso no es algo que debería sorprender a nadie”, sostuvo la mandataria durante un acto en la sede del Ejecutivo, en alusión a las críticas por el envío de la iniciativa, algunas desde la propia coalición oficialista.

Bachelet, que el próximo domingo entregará la presidencia de Chile al conservador Sebastián Piñera, destacó que el texto constitucional “es el fruto de la reflexión que hemos hecho como comunidad” y aseguró que “no se trata de partir de cero, nuestra propuesta respeta nuestra tradición constitucional”.

El documento “propone una nueva manera de comprender los derechos fundamentales, la estructura de poderes del Estado y se sostiene en los valores basales de nuestra sociedad”, apuntó.

Bachelet resaltó que la propuesta reconoce a los pueblos indígenas como parte fundamental del orden, les entrega el derecho a tener representación en el Congreso y reconoce sus derechos culturales y lingüísticos.

La nueva Constitución se funda en los derechos fundamentales de las personas, perfeccionando los existentes y agregando otros nuevos que dan cuenta de los cambios políticos, sociales y culturales que se han experimentado en los últimos años, subrayó.

Añadió que el texto establece que las personas que sientan vulnerados sus derechos constitucionales podrán recurrir a un tribunal de primera instancia, decisión que será apelable ante el Tribunal Constitucional.

Incluye además una iniciativa ciudadana de ley para legislar sobre proyectos planteados por la ciudadanía que cuenten con el apoyo del 5 % de los chilenos con derecho a voto.

Suprime además los altos quórum para la aprobación de determinadas leyes, planteando la figura de la mayoría simple y absoluta, con la excepción de las modificaciones a la propia Constitución, que necesitarán el voto de tres quintos de los parlamentarios en ejercicio.

También se elimina la posibilidad de que una minoría parlamentaria recurra al Tribunal Constitucional cuestionando leyes ya aprobadas.

El texto modificará además la forma de designar los miembros del Tribunal Constitucional, dando injerencia a los tres poderes del Estado.

“Lo que enviamos al Congreso es, en definitiva, una gran oportunidad de reencontrarnos en torno a un texto moderno y ajustado a lo que aspiramos como país”, concluyó.

Elaborar una nueva Constitución fue un compromiso de Bachelet para su segundo gobierno y en enero de 2017 recibió las bases ciudadanas para la nueva carta magna, formadas por las ideas que surgieron en más de ocho mil asambleas locales que se celebraron durante el año anterior.

En 850 páginas, ese documento recogió las aportaciones de 204 mil 402 personas que participaron en cabildos ciudadanos celebrados en torno a la iniciativa, anunciada por la mandataria en octubre del 2015.

La discusión del proyecto estará radicada en el Parlamento elegido el pasado noviembre, que iniciará sus labores el próximo 11 de marzo.

Este Congreso, en el que ningún bloque político tiene mayoría suficiente para aprobar leyes por sí solo, deberá decidir el mecanismo para aprobar la nueva Carta Magna, entre fórmulas que incluyen un plebiscito y una Asamblea Constituyente.

La Constitución actual, que data de 1980, fue impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y sufrió algunas modificaciones durante el Gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006).




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