Las violaciones a la libertad de expresión y la detención de líderes políticos y otros críticos persisten en Venezuela, destacó este jueves la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aunque también valoró avances en la cooperación entre su oficina y las autoridades de ese país.
En su informe actualizado sobre la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, la expresidenta chilena denunció asimismo los arrestos de periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaron por los servicios públicos.
Se mantienen ataque a los parlamentarios de AN
Además, continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional, señaló Bachelet. Lamentó que los actores políticos en el país no logren encontrar una solución negociada «que resuelva la profunda crisis política».
Al respecto subrayó que recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que nombraron nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas, «disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos».
Por otro lado, Bachelet subrayó que el trabajo de la oficina de su alto comisionado en Venezuela se ha facilitado desde el acuerdo firmado entre ambas partes en septiembre de 2019, lo que de materializó en recientes visitas a los estados de Zulia, Bolívar y Lara, así como a once centros penitenciarios.
En ese sentido, subrayó «la disminución de los niveles de violencia en los centros de detención administrados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, aunque persisten retos en el acceso a alimentos, salud, agua y saneamiento».
También destacó que la crisis en Venezuela se ha exacerbado con el incremento de las «sanciones sectoriales» (en alusión a las medidas coercitivas impuestas por países como Estados Unidos, aunque no nombró a gobiernos concretos) y por la pandemia del COVID-19.
La población venezolana «sigue padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos o las persistentes carencias de los servicios públicos», añadió.