La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores en el año 1983, cuya celebración conmemora el discurso dado por el presidente John F. Kennedy el 15 de marzo de 1962 para reconocer al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso productivo. Ese día, en su Mensaje al Estado de la Unión, el recordado líder norteamericano definió a a los consumidores como el grupo económico y social más poderosos de toda sociedad libre.
Hoy, 55 años después de la famosa alocución, debemos revisar la situación que los ciudadanos venezolanos, todos consumidores, vivimos en el ejercicio de los derechos declarados universalmente para el acceso libre y expedito a bienes y servicios fundamentales.
En Venezuela estos principios son recogidos ampliamente en la Constitución de 1999. Su artículo 117 consagra el derecho a recibir y elegir bienes y servicios de calidad. Otras disposiciones de nuestra Carta magna establecen como bases de nuestro sistema constitucional la seguridad alimentaria (305) yla libertad económica (112). En esta consagración positivista fueron desarrolladas leyes que buscaban asegurar el fiel ejercicio de esos derechos, cuya mayor expresión fue la avanzada Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios de 2008.
Hoy esta riqueza declarativa y normativa se ha convertido en letra muerta en nuestro país. Los consumidores venezolanos estamos obligados a hacer sacrificios que ya configuran francas violaciones de derechos humanos. Muchos compatriotas buscan entre deshechos e indignidad algo de alimentos para su subsistencia.
Esto se une a la regresión que sufrió la legislación venezolana que ahora, lejos de proteger el acceso libre a los bienes y servicios, reduce el derecho del consumidor a la utopía del precio justo, el cual se impone mediante un modelo inquisidor y represor y no sobre la fecunda base de la producción de bienes y la diversidad de oferta que permite la libertad de elegir lo que se desea consumir. Es por ello que con la puesta en vigencia de la Ley Orgánica de Precios Justos (2104), los venezolanos fuimos lanzados varios pisos hacia abajo en la edificación de un sistema garante de fluidas y equilibradas relaciones entre los ciudadanos y proveedores de bienes y prestadores de servicios.
Hoy queda para el consumidor venezolano el “agarre lo que hay si es que hay”. Le toca vivir atrapado entre la cola y la pared en un país que ve reducida a su mínima expresión su capacidad productiva y en donde se persigue, como delincuente o terrorista, a quien genera bienes y riqueza, haciéndonos exclusivamente dependientes de lo que importamos de los excedentes que producen otros países.
Asignatura pendiente del liderazgo que promueve un cambio positivo en Venezuela es lanzar una propuesta nacional en el camino a revertir esta situación de deterioro progresivo, lesionador de la condición humana y de su dignidad. Pero para ello se requerirá foco para establecer estrategias y desplegar acciones, exigiendo nuestros derechos de forma inteligente, pero clara y contundente, para el logro de nuestras reivindicaciones.
La formación de comités de usuarios y consumidores en todo el país para la defensa del acceso a los bienes fundamentes es una fórmula que dio resultados en el pasado y que requiere de urgente reedición. Las acciones colectivas de protección de derechos deben ser reactivadas, por más que exista reserva ante el temor, fundado por demás, de que muchas de ellas quedan en la ilusión de recibir justicia.
Así lo hicimos en la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (ANAUCO) y en el Movimiento por la Calidad del Agua, conjuntamente con otras organizaciones de defensa de derechos fundamentales que han llevado adelante importantes cruzadas en la procura del perdido bienestar colectivo.
Actuar y no conformarse debe ser la consigna en la recuperación de la dignidad perdida del Consumidor Venezolano.
Lucio Herrera Gubaira.
*Abogado Activista de Derechos del Consumidor y el Usuario.
