Un centenar de personas protagonizaron hoy un cacerolazo a las puertas del Supremo panameño para protestar contra algunas de las actuaciones del tribunal en el caso Odebrecht, y exigir que se siente en el banquillo a todos los panameños que recibieron sobornos de la multinacional.

«Si nosotros no decimos basta, no lo van a hacer los políticos. Nadie va a sacar a nuestro país de la podredumbre si no es la presión ciudadana. Si dejamos que esto pase y no hacemos nada, no habrá vuelta atrás», alertó Meritzchabel Carretero, una panameña que aprovechó la hora del almuerzo en el trabajo para acudir a la protesta.

Con cacerolas y pancartas con mensajes contra la Justicia panameña, los manifestantes gritaron consignas como «Los decentes somos más», «Panamá no se vende, Panamá se respeta» y «Este pueblo está cabreado (disgustado)».

Entre los asistentes, también había un hombre vestido de cucaracha que portaba un cartel en el que se podía leer «Cucarachero Supremo de Justicia».

«Estamos ya muy cansados. Esta es una oportunidad histórica para limpiar nuestro país de corrupción pero falta voluntad política», opinó por su parte el ciudadano Carlos Abadía.

Las críticas contra la Justicia panameña por tratar supuestamente de entorpecer la investigación del caso Odebrecht arreciaron esta semana.

La polémica decisión del Juzgado Duodécimo del Circuito Penal de negarse a aprobar una nueva prórroga solicitada por la Fiscalía en un caso de blanqueo de capitales relacionado con Odebrecht provocó incluso la reacción de la primera dama, Lorena Castillo de Varela, que en las redes sociales pidió la detención del presidente del Supremo, José Ayú Prado.

Ese mismo Juzgado Duodécimo suspendió el jueves por supuestos problemas técnicos una audiencia pública en la que tenía que validar el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Odebrecht, en el que la multinacional se compromete a pagar una multa de 220 millones de dólares y a suministrar información sobre los actos delictivos cometidos en el país.

Esa suspensión decidida por el Juzgado Duodécimo fue recibida con indignación por el Ministerio Público y distintos movimientos sociales, ya que estaba previsto que durante esta audiencia se conocieran los detalles de ese acuerdo y se desvelaran algunos de los nombres de los funcionarios panameños que supuestamente recibieron sobornos de la constructora.

«No puede ser que el caso más importante de corrupción en la historia de América Latina quede impune. Si este caso se entierra, a Panamá le esperan tiempos de inestabilidad», aseguró por su parte el comunicador panameño y aspirante independiente a la Presidencia de la República, Ricardo Lombana.

La protesta, que se desarrolló sin incidentes, fue convocada por distintas organizaciones sociales, entre ellos el capítulo panameño de Transparencia Internacional, el movimiento Juntos Decidimos y la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Desde que se iniciaron las investigaciones en 2015, se han retenido al menos 56 millones de dólares en distintas cuentas de Suiza, Andorra y Panamá, y se ha incautado un helicóptero y un lujoso apartamento en España.

Hasta ahora, hay 63 personas imputadas, cuyas identidades se desconocen en su mayoría, salvo las de dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), que fueron filtradas a la prensa local.