La reclamación venezolana por el Esequibo ha entrado en un vertiginoso desarrollo final que se define entre tres opciones, por un lado, la solución judicial de la Corte Internacional de Justicia, por el otro la confrontación militar, o que finalmente se permita el despojo.
Es que en realidad el pleito no es solo con el gobierno corrupto de Guyana sino con intereses económicos y políticos que siempre le han trascendido, primero era con la dictadura castrista que el 13 de enero de 1981, en plena época del expansionismo soviético se firmó el pacto cubano/guyanés en declaración conjunta de un frente común contra los reclamos territoriales venezolanos, para luego pasar al apoderamiento que ejercen los grandes consorcios petroleros ExxonMobil, norteamericana, y China National Oil Corporation (CNOOC). En este complejo escenario no es viable pensar en la solución por una sola vía, necesario es un plan que conjugue lo judicial, lo político y lo militar, a menos que se permita el robo.
LOS INTERESES ECONÓMICOS
La poderosa ExxonMobil que viene litigando contra Venezuela ante el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial CIADI es la que en realidad dirige el proceso que se adelanta en la Corte Internacional de Justicia, públicamente Guyana dio a conocer el aporte de 15 millones de dólares de la citada empresa para pagar al equipo internacional de abogados que lleva el caso por el diferendo por el territorio Esequibo, esto con el ingrediente del abierto apoyo que recibió de parte de Mike Pompeo en nombre del gobierno norteamericano.
LA ACCIÓN JUDICIAL
Sin apego al convenio firmado por las partes en Ginebra en el año 1966 que condiciona al previo acuerdo entre las partes, el Secretario General de la ONU, excediéndose en los límites de la autoridad que le confirió el citado Acuerdo inter-partes, remitió a la Corte Internacional de Justicia el pleito por el territorio Esequibo. El tribunal formó expediente y citó a las partes. Guyana de inmediato armó un equipo para litigarlo y en fecha 19 de noviembre de 2018 el vicepresidente Carl B. Greenidge consignó su demanda (Memorial de Guyana) que en 145 páginas expuso su petitorio compuesto de tres partes: 1.- Reclamo por la zona este de la isla de Anacoco de la cual la F.A de Venezuela en el año de 1966 tomó posesión. 2.- Cese de hostigamiento de parte de Venezuela contra las empresas transnacionales a las que Guyana les ha dado concesiones en el área de reclamación, y 3.- Cese de gestiones obstruccionistas a las labores de exploración y explotación petrolera en la proyección atlántica costa afuera de la Guayana Esequiba. Concluyó su escrito la demandante de la siguiente manera:
“…Por estas razones, Guyana solicita respetuosamente a la Corte:
1. determinar que tiene jurisdicción para conocer de las reclamaciones presentadas por Guyana y que estas reclamaciones son admisibles; y, 2. Pasar al fondo del caso.”
La representación de Venezuela ante la Corte la ostenta el gobierno de Maduro y cuya línea de acción ha sido la de no reconocer la autoridad de dicho tribunal para resolver el conflicto, lineamiento en el que ha coincidido el gobierno interino de Guaidó
PRECEDENTE GRECIA-TURQUÍA
El 19 de diciembre de 1978 en caso similar en el que se presentó a la CIJ un diferendo por la plataforma continental del Mar Egeo, el gobierno de Grecia demandó por los derechos que alegaba ante lo cual Turquía expresó su rechazo a la competencia del tribunal. En fecha 19 de diciembre de 1978 la Corte dio la razón a los alegatos de Turquía expresando no tener competencia para conocer del litigio. Este fue el dispositivo del fallo: “Por las razones mencionadas, la Corte resuelve que carece de competencia para conocer de la solicitud presentada por el Gobierno de Grecia el 10 de agosto de 1976 (párrafo 109)”.
Ver la sentencia: https://www.dipublico.org/cij/doc/63.pdf
LA CORTE SENTENCIÓ AFIRMANDO COMPETENCIA
En el caso Guyana contra Venezuela es distinto, aquí la Corte sentenció tener competencia lo cual fue publicado el pasado 18 de diciembre del 2020, y de inmediato abrió el curso del proceso citando a las partes a una audiencia para el 25 de enero del 2021 ante lo cual el gobierno de Maduro pidió un aplazamiento que la Corte concedió para el 26 de febrero. Obvio que ya el tema de la competencia es cosa juzgada en este caso, imposible que luego el mismo tribunal produzca un fallo en contrario.
EL ASPECTO POLÍTICO
En esta situación trascendental para Venezuela resulta de extrema gravedad su clara debilidad política para enfrentar el caso, debilidad que se manifiesta en su representatividad que, si bien formalmente la ejerce el gobierno de Maduro, también tenemos un gobierno de oposición sin fuerza real pero reconocido por gran parte de la comunidad internacional, y aún cuando ambos pregonan la defensa del territorio en disputa, los dos se debaten en contradicciones que no permiten un curso claro de acción lo cual favorece a Guyana.
El gobierno de Maduro desde un principio proclamó el desconocimiento de la autoridad de la CIJ para resolver el conflicto, pero contradictoriamente de hecho la admite, y lo hizo al haber pedido cambiar la fecha fijada para el acto de contestar la demanda, pero atado a su contradicción no hace uso de los derechos que confiere el Estatuto de la Corte tales como designar un juez ad hoc que se integre al tribunal como ya lo hizo Guyana, así como también agentes, consejeros y abogados para comparecer con fuerza en la próxima segunda fase del proceso que se iniciará con la contestación de la demanda tal y como lo han pedido las cátedras de derecho internacional público y de instituciones de derecho internacional de la Universidad Católica Andrés Bello.
Por su parte el gobierno interino de Juan Guaidó también está sumido en las mismas contradicciones, mientras rechaza la judicialización del diferendo quedándose en una actitud nihilista proclamando la nadería de continuar con la fantasía del arreglo amistoso, el canciller de ese gobierno interino, Julio Borges públicamente exige lo contrario evidenciándose así una grave falta de coherencia en ese equipo.
Sin duda Guyana se relame ante una presa fácil que no se decide a enfrentarla. El botín de 159.500 kilómetros cuadrados llenos de tesoros está a punto de ser asegurados nada menos que con una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que será resguardada con el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
EL ENREDADO ESCENARIO DE LOS INTERESES INTERNACIONALES
Aquí no es solo el derecho lo que está en juego, también juegan los intereses políticos y económicos. Es aquello de que los países no tienen amigos, solo intereses, y es así como vemos a Estados Unidos y China, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, confluyendo en el apoyo a Guyana por el interés común del petróleo que en ese subsuelo explotan o tratan de explotar en alianza comercial compañías como ExxonMobil y China National Oil Corporation (CNOOC).
LA COMPLICACIÓN GEOPOLÍTICA
Como un gran faro rojo intermitente se nos coloca frente a nosotros esos intereses pro-Guyana donde coinciden Estados Unidos, China y Reino Unido, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y que ya comenzó a ejercitar como músculo propio nuestro contrincante a propósito del incidente de los barcos pesqueros guyaneses que fueron retenidos por Venezuela al encontrarlos incursionando en aguas de la zona en litigio.
El pasado 14 de este mes de enero la representante de Guyana ante la ONU, Carolyn Rodriguez-Birkett, envió una carta al Presidente del Consejo de Seguridad donde en un tono altamente agresivo, y diríamos que hasta grosero, denunció el hecho colocándolo prácticamente como un episodio de guerra y explayando básicamente todos los mismos argumentos de su demanda ante la CIJ con la obvia intención de sentar un precedente argumentativo para cuando pudiera corresponder ejecutar un fallo favorable del tribunal pues ese Consejo de Seguridad vendría a actuar como el órgano ejecutor de las decisiones de la CIJ.
Ver la carta en este enlace: https://undocs.org/sp/S/2021/55
LA ALTA RESPONSABILIDAD QUE TODOS TENEMOS
Es asombroso el descuido que se tiene con este tema, no hay una política definida para enfrentarlo. Aquí no cabe diferenciación por razones políticas domésticas, urge una concertación nacional, una sola línea para lo judicial, para lo político, para lo militar, para lo diplomático. A estas alturas no podemos seguir con esas bobadas de no meterse a fondo en el juicio, así como carecer de un plan ocupacional terrestre y marítimo tanto civil como militar. Esa actitud de laissez faire, laissez passer es desastrosa, es traidora, es antinacional.
Carlos Ramírez López @carlosramirezl3
