Sigue ocurriendo. Los ataques y la intimidación a la prensa libre no quedaron en el pasado con las más de 150 emisoras de radio que han sido sacadas del aire, los más de 60 periódicos que se dejaron de imprimir, el cierre de RCTV y los insultos y señalamientos de Hugo Chávez contra los medios independientes.
Es una política continuada que a El Carabobeño le ha tocado enfrentar en varias oportunidades. No bastó con apagar su rotativa en marzo de 2016. Este año inició con otro mecanismo de represión expresado en una investigación que se realiza al redactor de la casa editorial, Kevin Arteaga.
El martes 19 de enero una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas consignó en la sede del medio de comunicación un oficio del Ministerio público, firmado por María Alejandra Macualo Cermeño, fiscal auxiliar interina de la Fiscalía Primera de Carabobo, en el que solicitan al departamento de Recursos Humanos la consignación de los datos filiatorios del reportero, sin dar detalles sobre el motivo de ese requerimiento.
Tras enviar lo solicitado, el viernes 29 de enero se recibió un segundo documento, esta vez entregado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana también en la sede del medio de comunicación, correspondiente a una citación a Kevin Arteaga, para que comparezca en fiscalía la mañana de este jueves 4 de febrero, “para rendir declaraciones en calidad de investigado”.
Hasta ahora se desconocen las causas que propiciaron este proceso que se ha abierto. El coordinador del Foro Penal en la entidad, Luis Armando Betancourt, fue designado como abogado de la causa, pero no se ha podido juramentar como tal porque tampoco se ha informado respecto a qué tribunal es el encargado del caso.
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El Carabobeño y el Foro Penal han agotado, sin éxito, todas las vías legales para conocer las razones de esta investigación. La respuesta es el silencio, pese a que legalmente todos los ciudadanos tienen el derecho a saber de qué se les acusa. La oficina de la alta comisionada de la ONU también está al tanto de la situación.
Represión continuada
En Venezuela, la evolución de la persecución hacia los medios de comunicación libres es reiterada. Este año la forma de implementarla quedó clara con el ataque en contra de VIP TV, en el que se le incautaron los equipos y clausuraron sus sedes el viernes 8 de enero.
Betancourt relató que en Venezuela hay etapas de la represión. “Estamos en una de apaciguamiento, en la que parece que no pasa nada. Sin embargo, está pasando algo que no es distinto a lo acontecido años atrás cuando cerraron El Carabobeño”.
De acuerdo al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), el abuso del poder estatal, las agresiones y amenazas, la desinformación, la opacidad y los mecanismos de censura, convirtieron al 2019 en el peor año para el ejercicio del periodismo en Venezuela, al registrarse 534 casos que acumularon mil 32 violaciones a los derechos de libertad de expresión y acceso a la información pública de los periodistas y ciudadanos.
La ONG Espacio Público detalló que después de 2017 y 2019, el 2020 fue el tercero con mayor cantidad de agresiones a la prensa. En ese año documentó el cierre de 18 emisoras de radio, cuatro medios impresos y dos medios digitales.
En 2020, en el contexto de la pandemia por la COVID-19, la represión hacia la libertad de expresión también se hizo presente. Durante el período enero – diciembre, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) contabilizó 355 casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación social, entre ellos 61 detenciones arbitrarias y el bloqueo de sus páginas de Internet a 15 medios digitales.
Todo indica que este 2021 también cerrará con números que atentarán contra la libertad de prensa.
