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@DayriBlanco07

Todo es una pantalla. La que separa a la realidad de lo que se transmite en medios de comunicación nacionales es determinante. David Garisabado no puede definirlo de otra manera. Sentado frente a su televisor ha visto ofertas, promesas ostentosas, de esas que garantizan cambiarle la vida. La voz es siempre la misma, la del presidente Nicolás Maduro dirigiéndose a él y a todo el país, quien sonriente, presenta alimentos que en combo llegarían a cada hogar. En la práctica es distinto: En las 180 comunidades que conforman Miguel Peña, la parroquia más grande la capital carabobeña, solo se ha cumplido en 8,33% con la meta de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Una cifra nada parecida a los ofrecimientos del mandatario.

Los 180 mil grupos familiares que habitan en los sectores de la zona que concentra a 43,22% de la población de Valencia han recibido dos bolsas de comida de las 24 que hasta la fecha debieron ser vendidas — una cada 15 días — desde la creación de los CLAP el 3 de abril de 2016.

Las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) han sido las encargadas en esas comunidades de coordinar todo lo relacionado con este programa de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro (Gmass). Los objetivos no se han cumplido. Las bolsas que han llegado, además de ser insuficientes, han tenido los productos incompletos. “Siempre faltan dos o tres artículos de los que son anunciados en televisión”. A eso se le suma que no todos los vecinos resultan beneficiados “solo les venden a quienes ellos decidan y las que sobran las bachaquean en otros sitios”. Y como un nuevo obstáculo ahora les piden el Carné de la Patria.

Eso no es todo. En cadena nacional Garisabado,  una vez más frente al televisor, vio a Nicolás Maduro en diciembre de 2016, cuando presentó con orgullo las cajas CLAP con productos importados, de esos que en las barriadas de Miguel Peña no han sido recibidas. “Solo en la pantalla las hemos visto”.

Las comunidades de esa parroquia, ubicada al sur de Valencia, son las de clases más bajas de la ciudad, justamente a las que están dirigidos los planes sociales del Gobierno. Esta vez ha sido diferente, aunque a los puertos de Venezuela han llegado desde enero 75 mil 772 toneladas de comida ya empaquetadas, en cuatro mil 13 contenedores.

NEGOCIO IMPARABLE

Son importaciones que no han cesado y que son posibles por las gestiones administrativas que realiza Postar Intertrade Limited, una de las empresas de Samark López, acusado por narcotráfico y corrupción junto al vicepresidente de la república, Tareck El Aissami, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 13 de febrero.

Con este negocio del testaferro del segundo al mando del Gobierno venezolano, ha contabilizado un desvío de 145 millones 972 mil 989 dólares al pagar solo ocho dólares por cada una de las cinco millones 406 mil 407 cajas que ha pagado en México y por las que la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA) le entrega 32 dólares por combo, según lo denunciado por el diputado Carlos Paparoni.

Lejos de disminuir las compras en el exterior de estos alimentos ya listos en cajas por 14 artículos cada una, han aumentado. Su ausencia en las comunidades de Miguel Peña parece no tener sentido. En febrero se incrementó la importación en 117,23% al pasar de mil 265 contenedores en enero a dos mil 748. La mayoría (81,27%) ha sido desembarcado en La Guaira, el puerto más cercano al Centro de Empaquetado de Alimentos para los CLAP (CEAP), ubicado en Fuerte Tiuna, al suroeste de Caracas, donde se canaliza todo el proceso de distribución comandado por el general en jefe, Vladimir Padrino López,  encargado de la Gmass.

TÁCHIRA: EL NUEVO DESTINO

Los últimos tres cargamentos que han arribado al país con cajas CLAP desde el puerto de Veracruz tienen un consignatario de estreno: La Comercializadora de Bienes y Servicios del Táchira (Cobiserta, C.A.). Se trata de un ente adscrito a la gobernación de ese estado al que han sido enviadas 897 mil 250 cajas de comida, sin pasar por el filtro de Fuerte Tiuna.

El primer buque con destino andino fue el San Antonio, que llegó el 21 de febrero con 73 contenedores. Cinco días después arribó el CNP Paita con 552 furgones, y el Paul Russ fue recibido el 2 de marzo con 41 contenedores más.

Cobiserta fue creada en enero de 2015 “para cubrir las necesidades en organismos públicos y privados a precios justos”, de acuerdo a la descripción de su razón social. Se ha encargado, entre otras cosas, de recibir cauchos, lubricantes, baterías, de parte de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), y la adjudicación de una batería de 700 amperios, aceites y cauchos para la flota de la Contraloría del Táchira y un telefóno celular para uso de la contralora.

Durante una auditoría realizada por ese órgano contralor a Cobiserta durante el primer semestre de 2016 se encontraron algunas irregularidades. El informe presentado indica que la institución registró cuentas por cobrar, que no cumplen con las políticas de cobranza, establecida en la normativa interna; se constató que la Compañía no realizó la provisión para cuentas incobrables; mientras que en el libro diario general, se llevaron a cabo registros de cuentas por pagar a proveedores, sin la documentación que respalden el detalle de las mismas.

Aún así es un organismo al que el Gobierno le da permiso de importación de cajas CLAP, esas mismas que en las comunidades más desasistidas de Valencia solo han visto por televisión, a través de la pantalla creada por el Ejecutivo para dividir la realidad de promesas de Nicolás Maduro.




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