La comunidad indígena de Santo Domingo de Turasen, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, rechazó la instalación y operación de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) en sus tierras.
Los pobladores, además, los responsabilizan de fomentar y formalizar la extracción aurífera en zonas protegidas, entre éstas, el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1994.
Este pronunciamiento, dado a través de un comunicado, responde a la intención de instalar en el sitio una oficina de esta empresa estatal minera en Santa Elena de Uairén, capital del municipio. Aunque no haya detalles sobre esto, los pobladores temen que se trate de un aviso, a un aval del Estado, para emprender la minería en zonas protegidas como el Parque Nacional Canaima, donde ya hay explotación minera.
Del mismo modo, acusaron a la institución de implementar políticas públicas que fomentan la desunión y debilitan las estructuras organizacionales de las sociedades indígenas.
La comunidad indígena expone que la instalación del ente no cumple, desde el inicio, con el principio de la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios. Tampoco con el mandato de respetar la soberanía, sustentabilidad, visión sistémica y de desarrollo bajo los principios ecológicos y el respeto a las comunidades indígenas.
“En 20 años no se ha podido desplazar ni romper con una élite corrupta y desprestigiada, sin canales de comunicación política con la mayoría de los pueblos indígenas”, sentenciaron.
Ellos exigen a las autoridades gubernamentales cumplir a cabalidad lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en cuanto a la consulta previa, libre e informada de sus comunidades sobre cualquier acción que se quiera cometer en sus territorios ancestrales, que puedan afectar su modo de vida.
“Si nosotros como pueblo indígena pemón controlamos los acontecimientos que nos afectan y afectan nuestras tierras y recursos, podremos mantener y reforzar nuestras instituciones, culturas y tradiciones, y promover nuestro desarrollo de acuerdo con nuestras aspiraciones y necesidades”, versa el comunicado.
Depredación minera
De acuerdo con el trabajo de investigación, Depredación minera, frente a los ojos del tepuy Roraima, 1.033 hectáreas del parque ya estaban intervenidas por la minería hasta el primer trimestre de 2020.
Esta área no forma parte del proyecto del Arco Minero del Orinoco, pero las comunidades temen que la instalación de una oficina de la Corporación Minera Venezolana, acelere la depredación en el territorio, sin ningún tipo de protección legal, al que se pueda acudir.
En junio de este año, la ONG SOS Orinoco pidió reclasificar el Parque Nacional Canaima en la categoría de peligro crítico. Asimismo, incluirlo en la Lista de los Sitios de Patrimonio Mundial en Peligro por los daños que la minería ocasiona en el territorio.
La Corporación Venezolana de Minería comenzó a funcionar en 2013 y está adscrita al Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Aun así, la mayor parte del municipio Gran Sabana está fuera del perímetro del AMO; el proyecto estatal incluye el bloque especial Ikabaru dentro de este municipio y a pocos kilómetros de Santa Elena de Uairén.
Con información de El Impulso
