La justicia española condenó este jueves a cuatro años y medio de cárcel a Rodrigo Rato, ex director del FMI y ex ministro español de Economía, por malversaciones en su etapa como banquero, de 2010 a 2012.

En el caso conocido en España como el de las «tarjetas black«, Rato y otras 63 personas estaban acusadas de desviar de las entidades Caja Madrid y Bankia 12 millones de euros entre 2003 y 2012, mediante el uso de dichas tarjetas bancarias, de las que disponían a discreción.

Incluso, entre 1999 y 2012, Rato y su antecesor en el cargo, Miguel Blesa, junto con los otros acusados de Caja Madrid, gastaron tres millones de euros en restaurantes, dos millones en disposiciones de efectivo, más de millón y medio en desplazamientos y viajes, más de un millón en grandes almacenes, cerca de 800.000 euros en hoteles y unos 700 mil en ropa y complementos.

En la sentencia de este jueves se recoge que Caja Madrid contaba con estas tarjetas para complementar dietas con un límite de dinero, pero cuando Blesa llegó a la presidencia, se «propició» que los directivos que disponían de ellas no justificaran el gasto, lo que demuestra, según el tribunal, un «uso particular» contra el patrimonio de la caja.

Sobre el régimen fiscal de estas tarjetas, la sentencia considera acreditado que el dinero del que disponían los usuarios no se incluía en las relaciones contractuales ni figuraba en el certificado de haberes facilitado por Caja Madrid cada año.

Entre los usuarios de estas tarjetas estaban representantes de los principales partidos españoles (el conservador PP y los socialistas del PSOE), así como sindicalistas y dirigentes empresariales, que estaban en los órganos de dirección de la caja, una entidad pública.

Caja Madrid fue una de las siete entidades que se fusionaron en 2011 para dar lugar a Bankia, ya presidida por Rodrigo Rato, ex ministro de Economía y ex vicepresidente del gobierno español dirigido por el conservador José María Aznar (1996-2004).

Esa entidad tuvo que recibir en 2012 unos 22 mil millones de euros de fondos públicos para hacer frente al agujero financiero y después de una polémica salida a Bolsa, que también está siendo investigada por la justicia.




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