Doy por sentado que quien me lea, entiende que hoy existe en nuestro país un quiebre institucional de profundas consecuencias sociales, económicas y políticas; y que adicionalmente, nuestra nación va cayendo por un despeñadero que resulta casi imposible detener. El gobierno, en vez de reaccionar con honestidad, reconociendo en primer lugar, su incapacidad para detener el colapso; y segundo, permitiendo que los mecanismos previstos constitucionalmente para afrontar la crisis se expresen, opta maquiavélicamente por hacer uso de su experticia en el uso del neo-lenguaje, introduciendo las justificaciones semánticas de lo que a mi modo de ver significa, el próximo transito definitivo entre el viejo sistema democrático representativo y protagónico hacia el autoritarismo dictatorial de facto, populista y cuasi-técnico, justificado en una supuesta emergencia constitucional permanente, y soportado socialmente bajo una resignación que empieza ya a ser un suicidio colectivo.
estamos ante la inminente suspensión total de procesos electorales
Es así como la falsa tesis propugnada por el oficialismo acerca de la imposibilidad de acudir a un momento electoral -que reclama toda la sociedad por intensas razones políticas, sociales y constitucionales- cuando lo que priva es un cuadro de necesidades colectivas, comienza progresivamente a ser expuesta sin ningún rubor por sus emisarios, tratando de camuflajear con la tesis de la «emergencia nacional», -la cual es evidente- su intenso terror -no menos evidente- a una consulta nacional electoral, la que será sin duda alguna, una nueva derrota pero esta vez de pavorosa magnitud para el chavismo-madurismo. En síntesis, estamos ante la inminente suspensión total de procesos electorales, gobierneramente justificada con la magnitud de lo que mal se ha llamado la guerra económica.
Cerradas por decisión unilateral del régimen las salidas electorales y avalado conspicuamente por sus instituciones acólitas (leáse CNE y TSJ) tal inconstitucional proceder, ¿qué caminos democráticos le queda a la sociedad civil opositora por transitar, qué puedan representar un sentido aglutinador capaz de mantener el ánimo desbordante que durante mas de dieciocho años se niega a claudicar? Solo entender y activar en consecuencia, con conciencia y valentía, el significado de lo establecido en el artículo 5 de la constitución: «La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución (…)».
Para ello, nuestro líderes sociales y políticos debieran comenzar ya una cruzada para la convocatoria a un mínimo del 15% de los electores inscritos en el Registro Electoral, en que fuera de las directrices del CNE -que siempre han estado fraudulentamente diseñadas para proteger al gobierno frente a la arremetida democrática de la soberanía popular- y lejos del alcance de los manipulados fallos de un TSJ indigno, convoquemos a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual nos permitirá proponer un nuevo modelo de Estado y un nuevo equilibrio del Poder Público venezolano que nos permita recomponer el orden institucional actualmente destruido. La garantía de que esa iniciativa originaria y libérrimamente soberana no será torpeada por las malévolas instituciones del chavo-madurismo, estará en dos órdenes: el formal, representado en el primer aparte del artículo 349 constitucional («Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente»); y en el orden material, en la voluntad indoblegable que nace de la angustia de muchos, del desespero de los mas jóvenes, del hambre de los pobres, de la rabia de los excluidos y del desamparo de toda la sociedad.
A diferencia del 99, los venezolanos tenemos hoy, no solo mayores razones económicas y sociales para plantear un momento pre-constituyente, sino que además gozamos de las mayores justificaciones éticas y doctrinales para encauzarlo. Pero, por si fuera poco, a la vasta experiencia ciudadana que nos ha acompañado a todo lo largo de estos ya casi 4 lustros de lucha democrática contra la arbitrariedad, hoy se suma una herramienta constitucional de ilimitado poder político -inexistente en el 99- que justifica el legítimo y democrático desmontaje del armazón fraudulento y delictual con que se sostiene el gobierno, aun antes de la entrega definitiva del nuevo texto constitucional: el artículo 350, el cual por primera vez, introduce formalmente en nuestra doctrina política constitucional, lo que ya el no solo el derecho natural venía invocando, sino la mayoría de las Cartas internacionales sobre derechos del hombre y de los ciudadanos afirmaban: el derecho político de desconocer un régimen arbitrario, es un derecho humano.
La fuerza social, moral, ética y política que acompañaría a una Asamblea Nacional Constituyente, como poder originario capaz de realizar las urgentes tareas públicas de desarticulación progresiva del entarimado delictual en que hoy circula viciosa y criminalmente las instituciones chavo-maduristas, tendrían en el artículo 350, la herramienta fundamental para implantar un nuevo orden político transicional, antes de la nueva constitución, realizando no solo los correctivos necesarios para el despegue de las nuevas instituciones, sino para el inicio del establecimiento de las responsabilidades civiles, administrativas y penales del régimen oprobioso que nos desgobierna y la repatriación del capital mal habido depositado en cuentas bancarias extranjeras, recursos estos que serán necesarios para reconducir nuestra economía.
