Los avances de la descentralización política y administrativa tenida en Venezuela desde la promulgación de las leyes de Elección y Remoción de Gobernadores y Alcaldes, más la de Descentralización de Competencias y Servicios desde el Poder Central hacia los Estados y Municipios no se trancaron sino que se paralizaron y retrocedieron con la llegada de los revolucionarios al poder. A ellos no les importa lo establecido en la ley. Lo cambian o ignoran sí les estorba para lograr sus propósitos políticos y para perpetuarse en el poder por los siglos. Les perturbó la limitación del mandato en los cargos de elección popular y en un abrir y cerrar de ojos transformaron los artículos constitucionales relacionados con ese tema e impusieron la reelección indefinida para el presidente de la República, los gobernadores de Estado, los alcaldes y los diputados a la Asamblea Nacional y Consejos Legislativos regionales, además de los concejales, al tiempo que regresaron al poder central  competencias que eran manejadas exitosamente por los jefes de las gobernaciones y alcaldías, en aras de controlarlos a su antojo y tenerlos subyugados a sus designios.

No creen en la descentralización, porque su visión de gobierno es autoritaria y restringida solo para el poder central, desde donde dominan los consejos comunales y pretenden instaurar las comunas, como instancias propias del modelo de gestión Castro Comunista que Nicolás Maduro y su equipo de gobierno pretenden sustituir al Estado Federal Descentralizado consagrado en la Carta Magna, bajo los parámetros dejados por el ex presidente Hugo Chávez en el Plan de la Patria 2013-2019 o Plan Simón Bolívar.

Dentro de ese sistema de gobierno no tienen cabida gobernadores y alcaldes con ideas contrarias al Socialismo del Siglo XXI y críticos de la centralización. Por eso, aunque hayan sido elegidos a través del voto popular y sólo se puedan remover por medio de un referendo revocatorio, tal y como lo estipula la Carta Fundamental vigente de Venezuela, si estorban a Nicolás Maduro o cualquier otro de su gabinete o de sus aliados en los otros tres poderes que perdieron su autonomía de actuación, son sacados arbitrariamente por una u otra razón.  Hugo Chávez instauró ese proceder con todo aquel gobernante que le causara prurito político,  como ocurrió con Manuel Rosales, una vez terminado su período como gobernador del estado Zulia y elegido como alcalde del municipio Maracaibo. El ex comandante, luego de tildarlo como desgraciado ordenó cárcel para él y a los pocos meses de haberse juramentado como alcalde fue defenestrado de su cargo. Rosales asumió esa jefatura local en diciembre de 2008 y ya en mayo de 2009 fue  sacado por supuestos delitos de corrupción. No obstante,  las pruebas contundentes en su contra no aparecieron nunca, razón por la cual se puede afirmar que  la ley se ejerció en su contra porque era un fuerte contrincante de Hugo Chávez Frías en ese  entonces. Su acusación, entonces, fue por causas políticas y no reales.

El 12 de octubre de 2008, Hugo Chávez, expresidente fallecido, acusó, públicamente, al líder del partido Un Nuevo Tiempo  de desviar los recursos públicos para otros fines: “Me andas espiando, vigilando y conspirando contra mí, pero vamos a ver quién dura más en el mapa político venezolano. Voy a meter preso a Manuel Rosales, lo voy a desaparecer del mapa político venezolano, a ese desgraciado lo meto preso”. Esa expresión bastó para que los aliados del ex presidente Chávez  del Poder Judicial y la  Fiscalía General de la República actuaran para procesarlo, sin respetar su autoridad y lo establecido en la Carta Fundamental para reemplazar a un funcionario con cargo de elección popular.

Bajo ese esquema inconstitucional también desalojaron de su cargo al alcalde Antonio Ledezma, quien  permanece preso hasta el día de hoy. Su pecado fue haber sido reelecto alcalde de la Alcaldía Metropolitana de Caracas por la Mesa de la Unidad Democrática y derrotado al candidato oficialista, Ernesto Villegas. Desde ese día se convirtió en un “enemigo” del gobierno de Chávez a quien tendrían que silenciar políticamente sacándolo del poder, pero no a través del referendo revocatorio, como lo consagra la Constitución Nacional,  sino por medio de la fuerza. Así lo hicieron, el 19 de febrero de 2015, cuando fue detenido por funcionarios del Sebin en su oficina del municipio Chacao y llevado a la sede de la policía política, en Plaza Venezuela, Caracas. Horas más tarde de su detención, el presidente Nicolás Maduro aclaró ese hecho diciendo que fue removido de su cargo por orden de la fiscalía general de la República, quien lo acusa de participar en la llamada Operación Jericó, la cual supuestamente pretendía derrocar al gobierno venezolano. Esa detención se realiza el mismo día en que sale publicado en la prensa nacional un aviso firmado por Antonio Ledezma y otros venezolanos relacionados con la transición del gobierno.

De forma silenciosa igualmente han removido de sus cargos a gente de sus cuadros políticos. En febrero de 2011,  desde el Partido Socialista Unido de Venezuela solicitó la renuncia al gobernador de Apure, Jesús Aguilarte Gámez, por supuesta corrupción y deudas. El presidente Chávez le habría “llamado la atención” la semana pasada durante una reunión del partido. En esa oportunidad dijo que en la entidad llanera “hay un desastre”. Sin mucho escándalo fue sustituido por Ramón Carrizales, como si ese primer mandatario no hubiese sido elegido por el voto popular, sino nombrado desde Miraflores, como se hacía en Venezuela antes de la elección popular de gobernadores y alcaldes. El dos de abril de 2012, se anunció su muerte tras haber sido herido de bala, durante una situación irregular en la avenida Delicias de Maracay.

Esa cacería de brujas no para. Se ha profundizado en el gobierno de Maduro. 12 han sido quitados de sus cargos. Siete entre 2014-2016 y los cinco restante en 2017, por orden del Tribunal Supremo de Justicia, lo  cual significa que de los 77 alcaldes electos en 2013, 34 han sido defenestrados. Es decir,  el 44 por ciento de las autoridades locales adversas ideológicamente a Nicolás Maduro han sido destituidas de sus cargos, tienen prohibición de salida del país, fueron despojados de sus funciones, están inhabilitados políticamente o presos.

Por medio de la figura del desacato, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia terminó de manera anticipada con los mandatos de varios alcaldes de los principales municipios del país, en aras de impedir que en esos territorios se siga protestando en contra del mal gobierno de Nicolás Maduro y de sus políticas antidemocráticas.  El alcalde de El Hatillo, David Smolanski fue destituido, inhabilitado y condenado a 15 meses de prisión por no cumplir con la orden del TSJ de impedir las protestas ciudadanas en el municipio donde gobernaba. Logro salir del país. E igual suerte corrió el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, sentenciado el ocho de agosto con los mismos cargos de Smolanski. El dos de agosto le toco al alcalde de Mérida, Carlos García Odón recibir su castigo por permitir manifestaciones en contra del gobierno. También lo sometieron a 15 meses de prisión y le estipularon El Sebin como sitio de reclusión, al igual que el diputado Wilmer Azuaje, otro preso político a quien no se le respeto su inmunidad parlamentaria y paga su pena en medio de terribles torturas denunciadas por el mismo. El martes 25 de julio de 2017, al burgomaestre de Lechería o municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, Gustavo Marcano le dictaron auto de detención y fue destituido de su cargo, mientras que tres días después, el 28 de julio, al alcalde del municipio Irribarren del estado Lara, Alfredo Ramos también lo destituyeron de su cargo, lo condenaron a 15 meses de prisión e inhabilitaron políticamente. Por ende, hoy está preso en condiciones infrahumanas. La arbitrariedad impuesta a estos gobernantes locales son el resultado del apoyo a las manifestaciones en contra del gobierno nacional durante cuatro meses. Igual ocurrió con todos aquellos gobernantes que protestaron o coadyuvaron a su realización en 2014, como Enzo Scarano, Daniel Ceballos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




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