A un día de las elecciones legislativas colombianas, la delegación de observadores internacionales sindicales denunció presuntas irregularidades en el manejo de la votación de las circunscripciones especiales de paz.
La Comisión de Observación Electoral, conformada por defensores de derechos humanos y representantes de sindicatos de nueves países de América Latina, Canadá y Estados Unidos, viajó a Colombia -por petición del Comité Nacional de Paro, que impulsó las protestas sociales del año pasado- para observar los comicios del domingo en los que se elegirá a los nuevos miembros del Senado y de la Cámara de Representantes.
A la fecha, según los informes recibidos, los aspirantes a las curules de paz no tienen claridad sobre cómo va ser el traslado de los votos de zonas rurales apartadas al lugar donde se harán los escrutinios.
Las víctimas del conflicto armado podrán elegir el domingo por primera vez con listas propias a 16 miembros de la Cámara de Representantes en unas circunscripciones formadas por las regiones más golpeadas por la guerra.
Se trata de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz previstas en el acuerdo firmado con la antigua guerrilla de las FARC en noviembre de 2016, para las cuales se inscribieron 398 candidatos que serán elegidos exclusivamente en las zonas rurales de los 167 municipios más golpeados por el conflicto, no en los cascos urbanos.
DUDAS SOBRE CUSTODIA DE LOS VOTOS
«Sobre la seguridad del traslado de los votos de zonas que quedan a ocho o diez horas de distancia del centro urbano donde se va realizar el conteo», los candidatos han preguntado a los comités de seguimiento la logística de esta operación, «pero ni ellos mismos saben» la respuesta, según las quejas.
«Nadie nos asegura que esos votos no sean robados, o que nunca lleguen a su destino», indicó una de las candidatas que prefiere mantenerse en el anonimato, citada en un comunicado.
Otras denuncias tienen que ver con las inscripciones de cédulas que algunos aspirantes hicieron en zonas rurales en los lugares designados para votar y que al parecer fueron invalidadas por la Registraduría, según los observadores.
Al parecer, la anulación de inscripción de cédulas se debe a que en algunos casos se configuraba un traslado de votantes para favorecer a determinados candidatos.
«Estos hechos y varios otros que hemos tenido conocimiento, atentarían contra la democracia en la que se pretenden hacer estas elecciones», denunció la secretaria general de la Federación Sindical Mundial UNI Global Union, Christy Hoffman.
OTRAS DENUNCIAS
La delegación también recibió denuncias de que para las curules de paz se inscribieron candidatos asociados a partidos políticos tradicionales, con mayores recursos financieros y «maquinarias para compra de votos y otros actos de corrupción electoral».
La financiación es otra de las quejas de los aspirantes a los escaños especiales de paz. «Algunos de nosotros ni siquiera pudimos tener acceso a un anticipo monetario, no solo por la cantidad de documentos que los bancos y la (aseguradora estatal) La Previsora nos pidieron, sino por los montos de la póliza que nos exigieron pagar», sostuvo uno de los candidatos.
Por otro lado, la inseguridad impidió que los candidatos pudieran hacer campaña en algunas zonas rurales debido a la presencia de grupos armados y la falta de acompañamiento del Ejército, según las denuncias. Esta inseguridad también ha sido compartida por los candidatos del Congreso.
